Es imposible saber las denuncias remitidas por el Ministerio de Trabajo a la Fiscalía por infracciones laborales contra inmigrantes

El premio a una mala gestión de la información pública se llama “reelaboración”. En efecto, cuanto peor gestione una entidad pública la información que se encuentra en su poder, más difícil le resultará proporcionar datos sobre la misma y, en consecuencia, más fácil le resultará rechazar las solicitudes de acceso a la información pública, al amparo de la causa de inadmisión establecida en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de transparencia: “información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”.

El caso que comentamos ha sido decidido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su Resolución de fecha 17/11/2020, en la que se rechaza la reclamación presentada por una persona que había solicitado al Ministerio de Trabajo información sobre cuántas denuncias se habían remitido a la Fiscalía por infracciones laborales contra los derechos de las personas inmigrantes.

El Ministerio de Trabajo contestó al solicitante lo siguiente:

la solicitud implicaría revisar manualmente cada uno de los expedientes para verificar si se ha producido o no tal remisión al Ministerio Fiscal (…) el contenido de esta parte de la solicitud no puede facilitarse al solicitante al no estar disponible la información, salvo que se efectúe una actividad de revisión manual específica que implica una reelaboración de la información actualmente existente, siendo preciso realizar una serie de tareas que van más allá de la mera recopilación de información”.

Una vez formulada la reclamación ante el CTBG, el Ministerio de Trabajo, en la fase de alegaciones, amplió las razones para no facilitar la información:

“(…) 1.- El acceso a la información solicitada requiere la realización de consultas a diferentes Unidades, órganos y administraciones que actualmente no resulta posible, sobre todo en el caso de algunas CCAA.

2.- Incluso aunque fuera posible obtener toda la información en bruto, la elaboración de la respuesta al solicitante implicaría la reelaboración de ésta, empleando medios humanos y materiales de los que no se dispone (…)”.

El CTBG desestima la reclamación con el siguiente razonamiento:

“(…) la labor de análisis y extracción de la información, consistente en, como mínimo, el examen de expedientes al objeto de poder obtener de ellos información sobre si han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado y, de entre ellos, filtrar a continuación aquellos que son exclusivamente relativos a posibles delitos contra los derechos de los trabajadores inmigrantes, entendemos que es un tratamiento que se incardina en el concepto de reelaboración (…) no puede alegarse que la información que se solicita esté en poder de la Administración en los términos señalados por el interesado sino que, antes al contrario, se solicitan unos datos cuya obtención requiere de un tratamiento que, consideramos, excede la información disponible actualmente por la Administración”.

Resulta sorprendente que, a pesar de la obligatoria implantación de la Administración electrónica, todo un Ministerio, con la capacidad y medios de que dispone, no sea capaz de facilitar el dato correspondiente a las denuncias que se han remitido a la Fiscalía por las infracciones laborales cometidas contra los derechos de las personas inmigrantes.

Y lo que es más sorprendente todavía, es que el CTBG rechace la reclamación y aprecie que facilitar dicho dato entraría de lleno en la causa de inadmisión consistente en la “reelaboración de la información” sin que se hayan acreditados estos datos importantes para dilucidar si realmente estamos ante una “compleja” tarea de elaborar “ex novo” dicha información, o ante una “sencilla” operación de recopilación de información dispersa entre distintas unidades administrativas:

a) No consta el número de expedientes que habría que revisar de forma manual: por ejemplo, a nadie se le escapa que no es lo mismo revisar 100 expedientes que 10.000 expedientes.

b) Tampoco consta, siquiera aproximadamente, el número de consultas que habría que hacer a las distintas unidades para poder demostrar la complejidad de la tarea.

c) Y finalmente, tampoco se ha justificado los medios humanos y materiales que serían necesarios; por ejemplo, no es lo mismo necesitar 2 personas, que 20 personas.

En consecuencia, el adelanto que supuso la Ley 19/2013, de transparencia, al reconocer el derecho de acceso a la información en lugar de al documento (artículo 37 Ley 30/1992), se está viendo afectado por una interpretación muy amplia e injustificada del concepto de “reelaborar”.

El CTBG no debe rechazar las reclamaciones si no se han demostrado los datos que acrediten la complejidad de la tarea de “reelaborar” la información en el caso concreto, ya que, si persiste en su interpretación actual, bastará con que las Administraciones públicas simplemente aleguen, sin prueba alguna, que tienen que reelaborar.

Si el CTBG mantiene esta interpretación, la consecuencia está clara: retrocedemos al pasado, cuando solo se reconocía el derecho a acceder a la información pública si la misma estaba contenida en un documento concreto ya existente. Esta postura no es conforme con la Ley 19/2013, de transparencia, puesto que limita más allá de lo razonable el derecho de acceso a la información pública, esté o no documentada y se encuentre en uno o varios documentos o expedientes.

El interés privado o particular no es un límite al derecho de acceso a la información pública

En un comentario anterior, exponía mi preocupación por un nuevo límite al derecho de acceso a la información pública que se habían “inventado”, tanto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), como el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y la Audiencia Nacional: “perseguir un interés meramente privado”.

Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio, anulando las decisiones que aplicaban este “injusto e inventado” límite (Sentencia de fecha 12/11/2020 (Recurso de Casación nº 5239/2019).

Los hechos fueron los siguientes: una persona solicitó al Ministerio del Interior un listado de toda la correspondencia enviada y recibida, en relación con los órganos administrativos y judiciales, durante su permanencia en el Centro Penitenciario Madrid VI, desde el 3 de enero de 2016 al 5 de junio de 2017.

Tanto la resolución del CTBG, como la del Juzgado y la Audiencia Nacional coincidieron en que la razón de la desestimación se encontraba en que el contenido de la información a la que se pretendía acceder es la elaboración de un listado sobre la correspondencia remitida por el recurrente desde un centro penitenciario a órganos administrativos y judiciales, persiguiendo un mero interés privado que no puede ser incardinado dentro de las finalidades de control público o de rendición de cuentas, expresadas en el preámbulo de la Ley 19/2013, de transparencia (en adelante, LTAIBG).

Fuera de esta referencia al preámbulo de la LTAIBG, ni la resolución del CTBG, ni las sentencias del Juzgado Central y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, fundamentan la denegación del acceso a la información solicitada en la cita de ningún concreto precepto del articulado de la LTAIBG.

El Tribunal Supremo apoya su decisión en los siguientes razonamientos:

a) El preámbulo o la exposición de motivos de las leyes solo tienen un valor interpretativo:

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han señalado en diversas ocasiones que carecen de fuerza obligatoria propia, sin perjuicio de su importancia como criterio de interpretación del sentido de los artículos que integran la parte dispositiva de la norma. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en sentencia 31/2010 (FD 7), con cita de la STC 36/1981, ha señalado respecto de la naturaleza jurídica de los preámbulos y exposiciones de las leyes, que:

“…sin prescribir efectos jurídicamente obligados y carecer, por ello, del valor preceptivo propio de las normas de Derecho, tienen un valor jurídicamente cualificado como pauta de interpretación de tales normas. Su destinatario es, pues, el intérprete del Derecho antes que el obligado a una conducta que, por definición, el preámbulo no puede imponer. El valor jurídico de los preámbulos de las leyes se agota, por tanto, en su cualificada condición como criterio hermenéutico.”

b) El interés privado o particular sirve para que los ciudadanos puedan “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

El Tribunal Supremo considera que tampoco puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo, como puede ser en este caso el conocimiento y comprobación de la remisión de correspondencia desde un centro penitenciario a organismos oficiales como autoridades administrativas o judiciales, no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”.

Además de ello, la solicitud de acceso a una información pública por razones de interés privado legítimo no carece objetivamente de un interés público desde la perspectiva de la transparencia que fomenta la LTAIBG, pues puede contribuir -de forma indirecta si se quiere- a esa finalidad de la LTAIBG, reseñada en su preámbulo, de fiscalización de la actividad pública que contribuya a la necesaria regeneración democrática, promueva la eficiencia y eficacia del Estado y favorezca el crecimiento económico.

c) El ámbito subjetivo y objetivo de la LTAIBG no excluye a los interesados ni tampoco el interés privado o particular de la información pública.

El Tribunal Supremo considera que en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven. Todas las personas -interesados o no- tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española.

Asimismo, el Tribunal Supremo recuerda que, en el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, no se hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud.

d) El interés particular o privado no está previsto como límite ni causa de inadmisión en la LTAIBG.

Ni la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ni la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, ni la resolución del CTBG invocan ninguno de los anteriores límites o excepciones del derecho de acceso a la información pública establecidos por los preceptos y disposiciones de la LTAIBG, sino que como hemos visto justificaron la denegación del acceso solicitado exclusivamente en el interés meramente privado de la información, que carece de acomodo en las finalidades de control público o de rendición de cuentas, en los términos expresados por el preámbulo de la LTAIBG.

e) El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso (artículo 17.3 LTAIBG).

El Tribunal Supremo explica que la falta de justificación o motivación no podrá, por si sola, fundar la desestimación de la solicitud, de lo que se sigue que la expresión en la solicitud de una justificación basada en intereses “meramente privados”, como son los que aprecian la sentencia impugnada y la resolución del CTBG en este caso, tampoco puede por si sola ser causa del rechazo de la solicitud.

  • Conclusión:

En definitiva, y esto hay que tenerlo muy claro, el derecho de acceso a la información pública se reconoce a todas las personas, interesados o no, con independencia de los motivos, esto es, del interés público o privado que persiga el solicitante, no pudiéndose aplicar límites o causas de inadmisión que no estén previstas expresamente en una norma con rango de Ley.

La carta de dimisión de un cargo público es información pública

Aunque parece una obviedad, algunas instituciones públicas lo niegan. Se solicita el acceso al escrito en el que un cargo público manifiesta las razones que justifican su dimisión y resulta que el Ministerio del Interior y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) afirman lo contrario, que el escrito o la carta de dimisión NO es información pública.

Los hechos son los siguientes. Una persona solicita al Ministerio del Interior la siguiente información: “copia del escrito con el que el Teniente General (…) presentó su dimisión irrevocable como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil”.

El Ministerio del Interior inadmite la solicitud porque considera que “no se trata de información pública”, ya que “no existe un interés público en conocer la información solicitada (…) que no cumple con la finalidad perseguida por la Ley 19/2013 de transparencia que es controlar la actuación pública y conocer el proceso de toma de decisiones como medio para facilitar la rendición de cuentas de los organismos públicos frente a los ciudadanos, como se desprende de su preámbulo (…)”.

El solicitante reclama ante el CTBG, explicando, con razón, que “se trata de una interpretación sumamente restrictiva de la Ley de Transparencia (…) la petición de la información solicitada -una carta de dimisión- encaja con la literalidad del artículo 13 de la Ley de Transparencia donde se define el concepto de información pública por cuanto se trató de una comunicación que el titular del Ministerio del Interior recibió en el desempeño de dicho cargo (…)”.

Sin embargo, a pesar del atinado razonamiento del solicitante, el CTBG, en su Resolución nº 314, de fecha 12/08/2020, desestima la reclamación afirmando lo siguiente:

“(…) no podemos compartir la apreciación manifestada por el reclamante que considera que el conocimiento de los motivos que llevaron al ‘número 2’ de la Guardia Civil a presentar su dimisión de forma irrevocable permite controlar la actuación pública. Así, debemos tener en cuenta que dicha actuación pública- el cese de un cargo de la Guardia Civil se produce al margen de cualquier consideración o argumento que pueda proporcionar el afectado por la decisión (…) la decisión pública de proceder al cese de, en este caso, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, no requiere de ninguna comunicación previa del afectado y, por lo tanto, las consideraciones que éste pudiera haber recogido en una carta o comunicación no vinculan ni son presupuesto necesario para la adopción de la decisión pública (…) nos encontramos, por lo tanto, ante una norma que permite la rendición de cuentas por la actuación pública vinculada al conocimiento del proceso de toma de decisiones. Una rendición de cuentas que, entendemos, no se da en el caso que nos ocupa que, como ha quedado previamente señalado, versa sobre el conocimiento de una información donde se exponen consideraciones de carácter privado y que no son decisivas o determinantes en la decisión pública adoptada (…)”.

En mi opinión, el conocimiento de las razones que expone un cargo público para dimitir tienen un evidente interés público, ya que pueden servir para saber qué ha pasado realmente. Aunque la autoridad pueda cesar libremente a un cargo público, el hecho de conocer las explicaciones ofrecidas por una persona que decide dimitir del ejercicio de una importante responsabilidad pública, puede arrojar luz sobre los hechos acaecidos que permitan a los ciudadanos rendir cuentas. No hay que olvidar que el artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por otra parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 define, de forma objetiva, lo que es información pública: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

Y está claro que un escrito o carta de dimisión enviado por un cargo público al Ministro del Interior es información pública, ya que está en posesión de un organismo público y ha sido adquirida en el ejercicio de sus funciones. Si, como sucede en este caso, no concurre ningún límite o causa de inadmisión de los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la citada Ley 19/2013, de transparencia, es obligatorio facilitar dicha información pública al solicitante.

Hay que recordar que la información es información pública si reúne las características del artículo 13 de la Ley 19/2013, con independencia de la mayor o menor utilidad que tenga la misma para controlar las decisiones del poder y exigir la rendición de cuentas.

De lo contrario, nos encontramos ante una interpretación muy restrictiva de la Ley de Transparencia, que autorizaría la libre valoración de lo que es información pública en cada caso, lo que no es admisible.

El artículo 13 de la repetida Ley de Transparencia contiene una definición “objetiva” de lo que es información pública. Esta objetividad no puede quedar desplazada por la “subjetividad y juicio de valor” de cada operador jurídico al entrar a valorar, a su libre entender, si la información pública sirve con mayor o menor medida para exigir la rendición de cuentas.

Esta restrictiva interpretación de la Ley de Transparencia produce, además, un resultado absurdo e injusto.

La información será pública o no, según la voluntad del aplicador de la Ley. Si entiende que sirve para rendir cuentas, será pública. Si considera que no sirve para rendir cuentas, no será pública, aunque se trate, como dice el artículo 13 de la Ley de Transparencia, de un documento en poder de un organismo público que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, como es una carta de dimisión de un cargo público.

La información pública es un “concepto objetivo” que define el artículo 13 de la Ley de transparencia que no puede ser sustituido por el “criterio subjetivo” de cada operador jurídico que considere que la información no sirve para controlar el proceso de toma de decisiones, controlar el ejercicio del poder o exigir la rendición de cuentas.

De esta forma, es suficiente opinar que la información solicitada no se ajusta a la finalidad de la Ley de Transparencia para despojarla caprichosamente de su objetiva naturaleza pública y denegar el acceso a la misma de forma arbitraria por opinar personalmente que no es información pública. Esto, sencillamente, es una tomadura de pelo.

El fenómeno de los “archivos vacíos”: no documentar para no tener que enseñar

Si no se plasman las deliberaciones, actuaciones o decisiones de las instituciones públicas en un documento escrito, gráfico o audiovisual, la transparencia y el acceso a la información pública es imposible. Así de claro.

Es una de las mejores maneras de vaciar absolutamente de contenido el derecho a saber que tenemos las personas, convirtiéndolo en un “brindis al sol”.

Si es grave que las instituciones públicas no documenten sus diligencias o actuaciones cuando tienen la obligación de hacerlo, todavía lo es más que no pase nada ante este incumplimiento.

Vamos a analizar un caso real. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su Resolución nº 92/2020, de fecha 11 de junio, desestima la reclamación presentada, entre otros motivos, porque no existe la información pública solicitada.

El caso es el siguiente. Una asociación solicita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entre otros datos, una copia de las actas de las Comisiones Bilaterales Estado/Comunidades Autónomas (específicamente cada una de ellas) celebradas en los últimos 3 años por entender el Estado que había inconstitucionalidad de articulado de leyes autonómicas en materia de transporte en taxi y /o arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

El citado Ministerio se limita a contestar a la asociación que “en lo relativo a la solicitud de las actas de cada una de estas reuniones, se debe señalar que éstas no existen, por lo que la información solicitada no puede considerarse como información pública tal y como se define en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”.

El CTBG dice en la mencionada Resolución que “justifica la Administración esta concesión parcial en que las actas de cada una de estas reuniones no existen, no puede considerarse como información pública tal y como se define en el artículo 13 de la LTAIBG“.

Sin embargo, el CTBG nada dice sobre la obligación legal que tienen las Comisiones Bilaterales de Cooperación de levantar acta de sus reuniones y el manifiesto incumplimiento que se ha producido de dicha obligación.

Así, el artículo 153.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone lo siguiente:

“Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta.”

Con carácter general, la obligación de documentar las reuniones de los órganos colegiados está también claramente recogida en el artículo 18.1 de la mencionada Ley 40/2015:

“De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.”

Si no dejamos rastro documental de las actuaciones, deliberaciones o acuerdos adoptados en las reuniones celebradas por los órganos colegiados, mediante la extensión de la correspondiente acta, nos encontramos ante “sesiones fantasma”, ya que no existe ninguna información pública, y por tanto, desaparece por arte de magia el derecho de acceso a la misma. No hay transparencia.

Estamos ante un ejemplo del fenómeno conocido con el nombre de los “archivos vacíos”, que consiste en no documentar para no tener que enseñar.

El CTBG no puede permanecer impasible ante estos flagrantes incumplimientos de la obligación que tienen los órganos colegiados de extender actas de sus reuniones. Se debe destacar el incumplimiento de esta obligación y exigir al Ministerio que documente el contenido de dichas reuniones para permitir el posterior acceso a dichas actas por parte de las personas que las soliciten.

Y todo ello, sin perjuicio de incoar los correspondientes procedimientos para depurar responsabilidades. De lo contrario, el incumplimiento de la obligación de documentar las actuaciones públicas queda impune.

Las votaciones secretas para elegir personas que van a ocupar puestos públicos no respetan la transparencia: el caso Nadia Calviño.

El periódico “El País” publica hoy una noticia en la que la Ministra de Economía Nadia Calviño sostiene que uno de los países que le prometió el voto para presidir el Eurogrupo, le traicionó. Pero no podemos saber qué país ha sido porque la votación fue secreta.

En la Unión Europea, la elección de personas para ocupar cargos públicos se lleva a cabo a través de votaciones secretas. Desde el Presidente del Parlamento Europeo, hasta el Defensor del Pueblo Europeo.

En España, las votaciones secretas también están previstas para la elección de personas por parte del Congreso de los Diputados (art. 87.1.b) del Reglamento del Congreso) y Senado (art. 97.2 del Reglamento del Senado), y los Plenos de los Ayuntamientos (art. 102.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales).

El presidente del Tribunal Constitucional es elegido de entre sus miembros mediante votación secreta (artículo 9.1 de la Ley Orgánica 2/1979). Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es elegido por votación nominal (artículo 586 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial).

¿Las votaciones secretas para la elección de cargos públicos respetan la transparencia y publicidad en el proceso de toma de decisiones? En mi opinión, no.

No obstante, estamos ante una cuestión controvertida. En el Diario de Sesiones del Senado de fecha 30/01/1838, nº 32, pág. 258, es decir, hace más de 182 años, 2 diputados intercambiaron los siguientes argumentos:

(…) El Sr. SAN MIGUEL: En este artículo se decide una cuestión muy debatida ya: se establece la votación secreta para la elección de personas. Yo no daré las razones que puedan moverme a desear que toda votación sean pública, porque estas razones son muy obvias y están al alcance, no solo de los Sres. Senadores, sino de todo el mundo (…) soy muy amigo de la publicidad en todo (…) si bien la votación secreta favorece al libertad del hombre y que pueda estar más en conformidad con su propia opinión, también se que las votaciones secretas favorecen la injusticia, y esta es una verdad de que estoy convencido por hechos prácticos, porque he visto votar muchas veces en secreto por ciertas personas para favorecerlas, cuando estoy seguro de que no hubieran votado por ellas en público. El que resiste a las instigaciones de su conciencia, tal vez no resistiría a las de la opinión si el voto fuera público, y precisamente la publicidad es el alma de los sistemas representativos (…)

El Sr. Marqués de VALLGORNERA: (…) está visto que es más natural y más propio del corazón del hombre vota con más libertad y menos dependencia de pasiones externas cuando vota en secreto que públicamente: y si es este el carácter de la votación secreta, ¿por qué no hemos de adoptarla? Se dirá que en algunos casos es conveniente y que en otros no, y he aquí por qué la Comisión ha dicho que las votaciones de personas hayan de ser secretas (…) es cierto que puede haber casos en que cierta persona de su voto a favor de Fulano por compromisos (…) es necesario que nos hagamos cargo de la debilidad humana; y así, la votación secreta parte del principio de que el hombre es naturalmente justo; pero el hombre es débil, y siempre que pueda obrar con independencia de las sugestiones externas, es de creer que obrará con justicia. Yo al menos me complazco en creerlo así. Esto tiene un límite, yo lo se, y así es que en las discusiones públicas de los Cuerpos Legisladores conviene que se vea quién vota y cómo vota. La Comisión no ha desconocido esto; pero en la elección de personas (…) he creído preferible la votación secreta, prescindiendo de toda teoría y viniendo al terreno práctico (…)”.

Este intercambio de argumentos se produjo, vuelvo a insistir, hace más de 182 años. Visto nuestro ordenamiento jurídico interno y el de la Unión Europea, la postura sostenida por el Sr. Marqués de Vallgornera se ha impuesto por goleada.

En mi opinión, las votaciones secretas solo deberían estar permitidas cuando se trata de proteger derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo, el derecho a la intimidad, y en los casos en los que exista la necesidad de preservar el interés general.

Sin embargo, cuando se trata de elegir a una persona para ostentar un cargo público, la regla general debería ser la votación pública, ya que ello permite conocer el proceso de toma de decisión de forma transparente.

En el caso de Nadia Calviño, nadie sabe lo que ha pasado de verdad. Estamos hablando de presidir el Eurogrupo, un órgano informal muy importante de la Unión Europea en el que los ministros de los 19 Estados miembros examinan cuestiones vinculadas a las responsabilidades comunes de sus respectivos países en relación con el euro.

Si los ciudadanos europeos no tenemos derecho a saber a quién de los candidatos ha votado cada país, la transparencia de las instituciones comunitarias es un brindis al sol.

En mi opinión, es muy importante la transparencia en el funcionamiento de los órganos comunitarios, formales e informales, y en el proceso de toma de sus decisiones, y ello, para garantizar al máximo la objetividad y publicidad en la formación de la voluntad colectiva.

Es lamentable comprobar que, después de 182 años, las votaciones para designar a las personas que ocupan cargos públicos sigan siendo secretas.

La futura reforma de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, debería imponer la necesidad de que sean públicas las votaciones para elegir a las personas que vayan a ocupar puestos públicos.

Tenemos derecho a saber quiénes son las personas expertas del Ministerio de Sanidad sobre el Covid-19 y a conocer sus informes

El Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la rueda de prensa celebrada ayer, día 6/5/2020, se negó a revelar la identidad del equipo de expertos del Ministerio de Sanidad que está asesorando al Gobierno en la aplicación de los criterios que cada territorio tendrá que cumplir para cambiar de fase en la ejecución del plan de desescalada del confinamiento provocado por el coronavirus.

Según las noticias aparecidas hoy en diversos medios de comunicación, entre ellos, el periódico El País, las razones expuestas por el Director fueron las siguientes: “En todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad, por lo tanto, si me permiten, no voy a dar nombres”.

Se limitó a apuntar que se trata de un equipo de técnicos que trabajan en la dirección general de Salud Pública; 12 personas trabajando “muy estrechamente” con las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. “Creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”, concluyó.

Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el nombre y apellidos de las personas que trabajan o prestan funciones en una institución pública es un dato personal y, por tanto, el acceso al mismo por parte de terceras personas necesita, bien el consentimiento expreso del titular del dato personal, bien una norma con rango de Ley que legitime o autorice dicha cesión.

Y esa norma con rango de Ley que autoriza la publicación de la identidad de los expertos sin su consentimiento es el artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que impone, de forma clara y contundente, la siguiente obligación:

será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”.

Entre esas limitaciones legales, obviamente, no se encuentra la de que los expertos “estén o puedan estar sometidos a presión”.

Como principio general que obliga a todas las Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud pública y acciones sobre la salud colectiva, se destaca en el artículo 3.f) de la Ley 33/2011, el principio de transparencia:

Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos”.

Y por si hubiera alguna duda, el artículo 15.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen  Gobierno, señala lo siguiente:

“Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. 

El nombre y apellidos del personal al servicio de una entidad pública son datos personales identificativos que están sometidos al régimen general de acceso y, por tanto, en principio y como regla general, la normativa de protección de datos personales no impide que pueda accederse a esa información, sin que sea necesario el consentimiento de la persona afectada.

No obstante, y como pueden existir casos excepcionales en los que deba prevalecer la protección de los datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos, conviene dar audiencia a las personas afectadas para que puedan oponerse al acceso en atención a circunstancias personales y extraordinarias, por ejemplo, en casos en que deba evitarse la divulgación de su identidad y lugar de trabajo atendiendo a la especial vulnerabilidad de la persona, si es víctima de violencia machista, o si su vida o su integridad están amenazadas, entre otras situaciones excepcionales.

Si la persona afectada no se niega, o se opone, pero no acredita o demuestra estas circunstancias excepcionales, la entidad pública está obligada a publicar su identidad.

Se trata de personas que, en su calidad de expertos, y con independencia de su relación jurídica con la Administración (bien sean funcionarios de carrera, interinos, personal eventual o agentes externos), están desempeñando funciones públicas de asesoramiento especial al Ministerio de Sanidad y, por tanto, al Gobierno.

En definitiva, el artículo 11 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, impone la publicación de los integrantes del equipo de expertos, así como de sus dictámenes.

En la medida en que dichos dictámenes o informes están teniéndose en cuenta para adoptar las decisiones por parte del Ministerio de Sanidad en un sentido o en otro, es decir, forman parte de la motivación de dichas decisiones, no se trataría de informes internos de carácter auxiliar o de apoyo respecto de los cuales el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de transparencia, permitiría impedir el acceso a los mismos.

El problema adicional que existe es que si el Gobierno no quiere voluntariamente dar esa información, tampoco se puede acceder a ella, puesto que, durante el estado de alarma, han sido suspendidos los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, de tal manera que es imposible conocer dicha información. Resultado: apagón informativo absoluto. ¿Qué razón de interés público existe para justificar esta desinformación? En mi opinión, ninguna.

 

 

El sentido del voto de cada uno de los miembros de un órgano colegiado, ¿es información pública?

El Tribunal Supremo acaba de decir que el sentido del voto (a favor, en contra o abstención) de cada uno de los componentes de un órgano público colegiado NO ES INFORMACIÓN PÚBLICA (Sentencia de fecha 17/1/2020).

Una empresa solicita información a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre el sentido del voto de cada uno de los miembros del Consejo que decidieron el incidente de recusación planteado contra algunos de sus integrantes.

La Audiencia Nacional consideró que la opinión de cada uno de los Vocales/Consejeros no es información pública porque así lo dispone el Reglamento de Funcionamiento Interno de la CNMC, aprobado por el Pleno del Consejo el 4 de Octubre de 2013,  en el que se dice que las deliberaciones y las actas tienen carácter reservado.

No obstante, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional y entiende que lo que contempla el referido Reglamento respecto al carácter reservado de las deliberaciones y de las actas de las deliberaciones, es desde una perspectiva interna, esto es, de vinculación a los miembros del Consejo en lo que se refiere a su funcionamiento interno, dentro de las relaciones del Consejo, de modo que los vocales deben guardar secreto respecto a lo deliberado pero no disponen ni establecen una reserva genérica o prohibición respecto a terceros o interesados, respecto a los que regirán, obviamente, las reglas generales contempladas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público o la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia.

El reglamento interno es un conjunto de reglas, un conjunto ordenado de normas que tiene validez en el contexto interno, que han de interpretarse en ese exclusivo entorno interior, sin que pueda trasladarse a las relaciones con terceros o fuera de dicho ámbito, como considera la Audiencia Nacional.

Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo entra a decidir si la empresa tiene derecho a saber el sentido del voto u opinión de cada uno de los miembros que integran el Consejo de la CNMC, niega dicho derecho porque entiende que se trata de un órgano colegiado cuyas decisiones se adoptan con arreglo a las normas que regulan la formación de voluntad de este tipo de órganos conformados por varios miembros, de modo que, dice literalmente:

no es coherente con la naturaleza de los órganos colegiados desagregar e individualizar el voto de cada miembro o componente del órgano que por si sólo carece de trascendencia y relevancia, puesto que lo que es esencial es, precisamente, la voluntad única de la mayoría de sus miembros“. -La negrita y el subrayado es mío-.

En mi opinión, no es un tema de coherencia, sino de transparencia y control democrático de las instituciones públicas. Y no es cierto que “desagregar o individualizar el voto de cada miembro” carezca de importancia, puesto que arroja mucha más luz sobre la integridad del proceso de toma de decisión: quién votó a favor, en contra o se abstuvo.

El Tribunal Supremo utiliza un argumento adicional para negar el derecho a saber el sentido del voto. Y es el siguiente: “con referencia a las Actas, el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC, no incluye la información sobre el voto de cada uno de los miembros del órgano, y sí exige la expresión de las razones de la decisión que han de conseguirse, por ser la motivación que sustenta el acuerdo”.

En otras palabras, el Tribunal Supremo considera que el artículo 27.2 de la derogada Ley 30/1992 -actual 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público- confiere a los integrantes del órgano colegiado el derecho a que en el acta figure el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Sin embargo, si los miembros del órgano colegiado no solicitan expresamente que conste en el acta el sentido de su voto, es decir, no ejercitan su derecho, no lo piden, el Tribunal Supremo entiende que no existe la obligación legal de hacer constar en el acta el sentido del voto de cada integrante de dicho órgano.

Y ello, porque el Tribunal Supremo sostiene que no es importante, puesto que las decisiones de un órgano colegiado se adoptan por la mayoría de sus miembros, sin importar el sentido del voto de cada uno de ellos:

“(…) la ley no otorga relevancia al criterio individual de cada uno de los miembros que componen el órgano colegiado, sino a su mayoría, salvando los supuestos de votos expresos. De esta forma, el criterio o sentido de voto de cada uno de los miembros carece de trascendencia que la parte pretende, salvo para conformar la decisión mayoritaria, por ello, una vez alcanzada la mayoría, la opinión individual de cada miembro se integra de forma definitiva en aquella mayoritaria, sin que quepa su posterior disgregación, salvo la excepción indicada, a instancia exclusiva de cada miembro.

Esta dinámica funcional implica que no cabe considerar como “información” a los efectos de la ley, la individualización del voto de cada uno de los miembros que forman parte de un órgano colegiado, salvo que se haya consignado a solicitud de los respectivos miembros el sentido de su particular voto o la transcripción de su intervención, como admite la Ley (…)” -la negrita y el subrayado es mío-.

No obstante, en mi opinión, aunque los acuerdos se adopten por el voto favorable de la mayoría de sus miembros, sí que es relevante conocer el sentido del voto de cada uno de ellos para incrementar el control, la integridad y la transparencia sobre el funcionamiento de dicho órgano colegiado, por ejemplo, al objeto de denunciar posibles incumplimientos del deber de abstención de alguno de sus miembros o la importancia en el resultado final de la votación que haya podido tener el voto favorable y determinante de algún miembro incurso en causa de abstención.

Además, desde el punto de vista de la satisfacción de los intereses generales, objetivo a cuyo cumplimiento debe perseguir siempre cualquier entidad pública, no se detecta ningún interés privado o público que pueda ser perjudicado por revelar el sentido del voto de cada miembro de un órgano colegiado. El Tribunal Supremo dice que no lo exige la Ley 40/2015, pero también es verdad que no lo prohíbe, por lo que debería hacerse constar en el acta el sentido del voto de cada miembro del órgano colegiado, aunque no se solicite expresamente por cada integrante.

Los miembros de un órgano colegiado tienen el derecho a salvar su voto, es decir, a solicitar expresamente que conste en acta su voto a favor, en contra o su abstención, pero no tienen el derecho a que el acta no recoja, con carácter general, el sentido del voto de cada miembro.

De ser así, la Ley debería prohibir expresamente que en el acta se recoja el sentido del voto de cada integrante del órgano colegiado, salvo que un miembro lo pida, pero lo cierto es que no lo prohíbe.

Y si no está prohibido, debería recogerse dicha información en las actas de los órganos colegiados y considerarse información pública susceptible de ser solicitada por cualquier persona.

Finalmente, el artículo 18.1 de la citada Ley 40/2015, que tiene naturaleza de legislación básica (disposición adicional decimocuarta), permite la grabación de las sesiones que celebre el órgano colegiado, es decir, de la totalidad de la sesión, por lo que, salvo que se deje de grabar llegado el momento de la votación, lo que no permite la Ley, quedará grabado en el vídeo correspondiente el sentido del voto a favor, en contra o la abstención de cada miembro del órgano colegiado.

No tiene ningún sentido que el derecho a saber el sentido del voto de cada miembro del órgano colegiado dependa de si se graba o no la sesión. Si no se graba, no existe obligación de consignarlo en el acta y, por tanto, no es información publica, según el Tribunal Supremo.

Por el contrario, si se graba la sesión, el sentido del voto de cada miembro del órgano colegiado quedará reflejado en el vídeo-acta y cualquier persona podrá solicitar el acceso a su contenido para conocer el sentido del voto, si es que no aparece publicado dicho vídeo en el portal de la transparencia de la correspondiente entidad pública.

 

 

 

 

 

La delgada línea que separa el derecho de acceso a la información pública y el derecho a las consultas

Ya sabemos que, además de las solicitudes consistentes en el acceso a un documento, a un registro público o a una información que se encuentra en manos de una institución pública, las cuales se enmarcan dentro de la transparencia informativa, los ciudadanos formulan consultas a la Administración pública para conocer su opinión o parecer en relación con una determinada problemática jurídica.

Las respuestas a las consultas se encuadran dentro del deber general de asistencia a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas. En su apartado e) reconoce el siguiente derecho:

“A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

Por su parte, el artículo 53.1.f) de la LPAC reconoce a los interesados en un procedimiento administrativo el siguiente derecho:

A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar“.

En el caso real que analizamos hoy, una persona, cuya condición de interesado en un determinado procedimiento no consta, solicita a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la siguiente información:

“Los centros de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid disponen de un Registro propio para la documentación que se dirige al equipo directivo del mismo o al propio centro, y la documentación que es enviada a otros centros u organismos. Quiero saber quién sería el cargo responsable de esta función y si se puede negar a recoger un escrito o documentación que vaya dirigida a un miembro del equipo directivo o al propio centro como tal”.

Respecto al cargo responsable de la función registro, la Consejería contesta que “se ha facilitado la información existente a este respecto, que se apoya en la correspondiente normativa reguladora que se proporciona para su conocimiento”.

Sin embargo, el solicitante presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al considerar que no se ha contestado a la solicitud de información “sobre si se puede negar a recoger un escrito o documentación que vaya dirigida a un miembro del equipo directivo o al propio centro como tal”.

El CTBG, en su Resolución de fecha 19/8/2019 (RT 0396/2019), desestima la reclamación porque entiende que se trata de una consulta que no puede considerarse como “información pública”. Este es el razonamiento que se efectúa:

“(…) no pueden entenderse incluidas en su ámbito de aplicación (de la Ley de Transparencia) las consultas, como la del presente supuesto, en la que una respuesta implica una valoración subjetiva o una interpretación normativa ajena a la materia del derecho de acceso a la información –si se puede negar el cargo responsable a recoger un escrito o documentación que vaya dirigida a un miembro del equipo directivo o al propio centro como tal-. Aunque puede haber elementos coincidentes con la definición de información pública, la finalidad de la LTAIBG no es ésta. El objeto de la solicitud de información queda al margen, por tanto, del alcance y objeto de la LTAIBG (…)”.

No comparto esta conclusión por las siguientes razones:

a) El CTBG efectúa una interpretación muy estricta de los objetivos de la transparencia pública, ya que los limita a “otorgar a la ciudadanía la capacidad de rendir cuentas de la actuación de los responsables públicos”, y ello, a pesar de transcribir en su propia Resolución la Exposición de Motivos de la LTAIBG, en la que se incluyen también estos otros objetivos:

“Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. 

Y se destaca como objetivo aplicable al caso que analizamos, el consistente en que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, ya que, en este supuesto, el solicitante quería saber si el responsable del registro podía negarse a registrar la documentación que interesaba presentar, es decir, deseaba saber los motivos que pudieran justificar esa decisión que le afectaba. Se le impedía presentar una documentación en el registro.

El concepto de información pública no puede ser interpretado de forma tan restrictiva para considerar únicamente comprendido en él aquella información que permite al ciudadano exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. La definición legal se encuentra en el artículo 13 de la LTAIBG:

“Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

Dentro del concepto de información pública también debe entenderse incluida aquella que permite al ciudadano conocer cómo se adoptan las decisiones que le afectan. No solo se trata de exigir la rendición de cuentas a los responsables públicos. La transparencia no consiste solo en eso. Dentro del concepto legal de información pública también se incluye toda aquella que permite al ciudadano defenderse y ejercer sus derechos, como en este caso, el de presentar la documentación a través del registro de los centros de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid.

b) Los ciudadanos en general tienen derecho a que las autoridades y empleados públicos les faciliten el ejercicio de sus derechos. Y en este caso, resultaba exigible que la Consejería de Educación informara o expusiera al solicitante las razones que justificaban la imposibilidad de registrar la documentación (art. 13.e) LPAC).

c)  Los interesados en un procedimiento tienen derecho a obtener información y orientación sobre las actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, en este caso, sobre la imposibilidad de presentar una documentación en el registro de los centros de educación infantil y primaria (art. 53.1.f) LPAC).

d) El solicitante no planteó a la Consejería de Educación una consulta, es decir, no quería obtener un informe jurídico o dictamen por escrito, en el que se efectuara una interpretación normativa o valoración subjetiva sobre la cuestión, como así entendió el CTBG, sino simplemente quería saber si el responsable del registro podía negarse a registrar la documentación que deseaba presentar, es decir, solicitaba conocer los motivos que pudieran justificar esa decisión que le afectaba directamente.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública no engloba el derecho a formular consultas a la Administración. Se trata de derechos distintos, con regulaciones diferentes, por ejemplo, las consultas tributarias o urbanísticas.

Una cosa es el derecho a acceder a la información pública y la correlativa obligación de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, y otra cosa distinta, es el derecho a que la Administración se posicione jurídicamente y efectúe un exhaustivo estudio o una interpretación normativa en contestación a una consulta.

Lo que no cabe es efectuar una interpretación restrictiva del concepto de información pública para rechazar una solicitud de acceso a la información con el pretexto de considerar indebidamente que se trata de una consulta.

Genera mucha frustración ver cómo una persona que no pudo presentar una documentación en un registro público porque el funcionario responsable se negó, vuelve a padecer por segunda vez un “maltrato institucional” cuando se dirige a la Administración para obtener información sobre lo sucedido y le contestan que lo que pide no es información pública, sino nada menos que una consulta y, por tanto, se queda con las ganas de saber las razones justificativas de aquella negativa.

A la vista de estos comportamientos, no resulta sorprendente que la confianza ciudadana en las instituciones públicas estén por los suelos y que las visitas a los portales de transparencia no terminen de despegar.

 

 

 

 

 

 

El derecho de acceso a la información pública deber incluir la traducción de los documentos

Un ciudadano solicita al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya una copia de la nota de prensa, traducida al castellano, en la que se publicitaba la suscripción de un convenio en materia educativa con una entidad privada.

La Secretaria General del Departamento de Educación resuelve desestimar la solicitud de la nota de prensa en lengua castellana porque “el derecho de acceso a la información pública no incluye un derecho a la traducción de documentos administrativos”.

El solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Catalunya (GAIP), al considerar que los artículos 9 y 10 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, sí que obligan a la traducción al castellano de documentos administrativos:

a) Artículo 9.1.: “La Generalidad, las Administraciones locales y las demás Corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo normalmente en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibirlas en castellano, si lo solicitan”.

b) Artículo 10: “En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Generalidad, las Administraciones locales y las demás Corporaciones de Cataluña debe utilizarse el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar documentos, hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano.

La Administración ha de entregar a las personas interesadas que lo requieran, en la lengua oficial solicitada, un testimonio traducido de aquello que les afecta. La solicitud de traducción no puede suponer ningún perjuicio o gasto al solicitante ni retrasos en el procedimiento ni suspender su tramitación ni los plazos establecidos”.

No obstante la claridad de ambos preceptos, la GAIP, en su Resolución 140/2019, de 7 de marzo, desestima la reclamación con el siguiente razonamiento:

“(…) En primer lugar, porque el derecho de acceso a la información pública proclamado por el artículo 18 LTAIPBG -Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno- tiene por objeto la información que está en poder de la Administración (artículo 2.b LTAIPBG), criterio posesivo que remite necesariamente a la que existe realmente en sede administrativa, lógicamente en la lengua en la que se hayan redactado los documentos en cuestión.

Es cierto, tal como invoca la persona reclamante, que la legislación lingüística de Cataluña, así como la de procedimiento administrativo, reconocen determinados derechos lingüísticos a la ciudadanía, que en determinadas circunstancias pueden comportar la necesidad de traducir documentos por parte de la Administración. Pero estos derechos lingüísticos son diferentes al de acceso a la información pública, que es el que ahora nos ocupa y en relación con el cual tiene competencia esta Comisión de Garantía y este procedimiento de Reclamación.

Por lo tanto, y siempre desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública, la resolución impugnada no parece lesionarlo y parece asimismo correctamente fundamentada la desestimación de esta parte de la solicitud. Naturalmente, ello no quita que si la persona reclamante considera vulnerados sus derechos lingüísticos u otros derechos que puedan corresponderle en tanto que interesado en un procedimiento administrativo pueda defenderlos mediante los procedimientos impugnatorios competentes para ello (…)”.

No comparto esta interpretación de la GAIP por las siguientes razones:

a) El solicitante de información pública tiene la condición de interesado en procedimiento de acceso a dicha información, previsto y regulado en los artículos 26 a 37 de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por lo tanto, partiendo de su condición de interesada en dicho procedimiento, la persona que solicita información pública, no solo tiene el derecho a recibir las notificaciones de dicho procedimiento en la lengua que desee, en este caso, el castellano, sino que el artículo 10 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, va un poco más allá de las meras notificaciones, y le reconoce el derecho a que la “la Administración ha de entregar a las personas interesadas que lo requieran, en la lengua oficial solicitada, un testimonio traducido de aquello que les afecta”.

La razón está clara. Nadie puede alegar o ejercer de forma real y efectiva su derecho de defensa si no entiende la documentación que le afecta.

b) Si la información pública está redactada en una lengua que no entiende o conoce el solicitante, no puede comprenderla y actuar en consecuencia, de tal forma que la finalidad de la Ley catalana de transparencia 19/2014, recogida en el artículo 1.2, no puede cumplirse:

“La finalidad de la presente ley es establecer un sistema de relación entre las personas y la Administración pública y demás sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública y de la gestión administrativa y la garantía de la rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública”.

Por otra parte, el artículo 15.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que constituye legislación básica, dispone lo siguiente:

La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente“. 

En definitiva, el ciudadano que tiene la condición de interesado en el procedimiento que se incoa como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tiene derecho a que la Administración traduzca al castellano los documentos que solicite expresamente.

No solo lo reconoce el artículo 15.3 de la Ley 39/2015 y el artículo 10 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, sino la necesidad elemental de entender o comprender la información pública para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el de defensa, participación en los asuntos públicos, control y rendición de cuentas.

 

 

 

 

 

El informe “fantasma” de La Moncloa y la fiscalización del Tribunal de Cuentas al Consejo de Transparencia

Estos últimos días hemos conocido dos importantes hechos que merecen una detenida reflexión, aunque, de momento, no han acaparado ningún titular en la mayoría de los medios de comunicación, ni tampoco han sido comentados por los principales partidos políticos ni por las organizaciones de la sociedad civil defensoras del derecho de acceso a la información pública y la transparencia.

Por un lado, el Ministerio de Presidencia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) NO han permitido que un ciudadano acceda al informe en el que se basó una nota de prensa de La Moncloa sobre el resultado de la aplicación de dos programas informáticos anti-plagio a la tesis doctoral del Presidente del Gobierno. Se puede consultar la resolución del CTBG en este enlace.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas acaba de publicar un informe sobre la fiscalización del CTBG de los ejercicios 2016 y 2017, en el que se relacionan numerosas conclusiones sobre el grado de cumplimiento de la legalidad respecto a las cuentas anuales, la estructura organizativa, la gestión de personal, la contratación administrativa, subvenciones y convenios, publicidad activa, igualdad de género, protección de datos, etc., y en el que, además, se efectúan dos recomendaciones al Gobierno: cubrir el puesto de Presidente del CTBG y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley de transparencia. Se puede consultar el informe en este enlace.

Han pasado más de 5 años desde la aprobación de la Ley de Transparencia en 2013 y vamos avanzando cada vez más. No obstante, todavía existen dificultades. Y estos dos hechos sobre los que queremos reflexionar, constituyen sendas oportunidades para seguir mejorando.

La transparencia, además de una ley, es una cualidad o forma de ser de las personas que dirigen y trabajan en las instituciones públicas. Sin ella, es muy difícil que la ciudadanía confíe en ellas, por lo que seguirá aumentando el distanciamiento y la desafección hacia lo público.

Y aquí tenemos dos ejemplos de lo que se quiere decir:

a) El Ministerio de Presidencia y el CTBG entienden que el informe que pretendía demostrar que no existía plagio en la tesis del Presidente del Gobierno y que constituyó la base de la comunicación oficial que hizo La Moncloa, no es información pública porque dicho informe no fue realizado por ningún organismo público, no se financió con dinero público y no tiene relación con el ejercicio de funciones públicas.

En definitiva, que es un asunto privado de Pedro Sánchez, aunque se utilizara un medio público como la página web de La Moncloa y su gabinete de comunicación para darle mayor credibilidad y apariencia de oficialidad al informe.

Lo cierto y verdad es que estamos ante una nueva categoría de informe. Hasta ahora sabía que los informes podían ser los preceptivos, facultativos y vinculantes. Pero no conocía una cuarta categoría: el informe “fantasma”, que es aquel que existe pero no existe, nadie lo sabe.

Me explico. Si el comunicado de prensa no es falso por alterar la verdad en la narración de los hechos (artículo 390.1, apartado 4 del Código Penal), el informe existe. Dicho comunicado está basado en el mismo. Sin embargo, el Ministerio de Presidencia también dice en otro momento en su contestación al ciudadano que “no existen los informes requeridos“. Y como no lo hemos podido ver,  estamos ante un informe “fantasma”: existe y no existe.

b) Por otra parte, respecto al contundente informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del CTBG, hay que tomar buena nota y cumplirlo en su integridad. El Gobierno debe impulsar el procedimiento para elegir a la persona idónea para ocupar el puesto de presidente, vacante desde el fallecimiento de su anterior presidenta. Además, también debe aprobar cuanto antes el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia.

Pero no solo eso. El CTBG es una institución nueva que cada vez se enfrenta a más cantidad de trabajo y necesita más medios personales y materiales para poder realizarlo en condiciones. El Gobierno, con independencia de su color político, debe reforzarlo y garantizar su independencia, evitando impugnar sistemáticamente sus resoluciones con ánimo dilatorio o retrasando el cumplimiento de sus pronunciamientos a sabiendas que no puede imponer multas coercitivas ni sanciones.

A su vez, el CTBG debe constituirse en una institución ejemplar que esté a la vanguardia en el cumplimiento de la legalidad, actuando de la forma más transparente posible.

Estos dos hechos importantes que comentamos constituyen sendas oportunidades para seguir avanzando en el objeto de instaurar una verdadera cultura de transparencia que permita mejorar nuestra democracia y la vida de las personas, quienes cada vez ponen el listón más alto en la exigencia de transparencia e integridad de nuestros representantes públicos.

Ante estos importantes hechos, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de la transparencia no pueden permanecer calladas. Deben pronunciarse, ser críticas y exigir mejoras y responsabilidades. No deben ser desleales a su razón de ser.

De lo contrario, reina el silencio cómplice: “lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos” (Martin Luther King).

Es evidente que el acceso al informe sobre la tesis doctoral provocaría automáticamente 3 efectos en la ciudadanía: disiparía las dudas, delataría las “fake news” y aumentaría la confianza. ¿Por qué no se quiere hacer?.

Del mismo modo, la mejora en el funcionamiento del CTBG en cuanto a la gestión económica, contractual y de personal indicada por el Tribunal de Cuentas, incrementa la confianza de los ciudadanos en la fortaleza e integridad de la institución encargada de tutelar la transparencia de las entidades públicas.

¿Alguien puede confiar en quien no es transparente? Creo que nadie.