Una confederación hidrográfica denegó el acceso al contenido de unos expedientes sancionadores incoados en relación con los vertidos (emisiones) realizados a un cauce por parte de una explotación minera. La información fue solicitada por una fundación. Las razones de la denegación fueron básicamente las dos siguientes:
a) El acceso a un expediente sancionador no se incluye en el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ni en la definición amplia de información ambiental.
b) El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impide acceder a la información que contenga datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, si no consta el consentimiento expreso de la persona afectada o si el acceso está amparado por una norma con rango de Ley.
El Tribunal Supremo, en la Sentencia de fecha 28/10/2026 (enlace) aclara esta cuestión y fija la siguiente doctrina legal:
Primero: La Ley 27/2006 contiene una regulación específica del derecho a la información ambiental, por lo que, en principio, la Ley 19/2013 solo será de aplicación al ejercicio de ese derecho en aquello que no esté previsto en dicha norma.
Segundo: La referida Ley 27/2006 es fruto de la incorporación de la normativa europea en una materia, que, por su especialidad e intensidad de la exigencia de protección del medio ambiente, demanda que los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información tengan su propia regulación. Sólo en lo no previsto en la citada Ley será de aplicación la Ley 19/2013, en cuanto no resulte incompatible con esa especialidad. Por tanto, los límites al ejercicio de ese derecho serán los que la propia Ley 27/2006 establece.
Tercero: No sólo la Ley 27/2006 establece un régimen específico del derecho a la información ambiental, sino que, además, contempla expresamente el supuesto de las emisiones al medio ambiente en su artículo 13.5, al disponer:
«Las autoridades públicas no podrán en ningún caso ampararse en los motivos previstos en el apartado 2, letras a), d), f), g) y h) de este artículo, para denegar una solicitud de información relativa a emisiones en el medio ambiente».
Entre esos motivos, y en lo que se refiere al acceso a información contenida en expedientes sancionadores, hemos de destacar las letras a): confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley; y f): carácter confidencial de los datos personales.
De acuerdo con esta norma, no operarán excepciones al derecho a la información en caso de emisiones en el medio ambiente, aunque la confidencialidad del procedimiento esté prevista en una norma con rango de ley, o los datos personales obrantes en la información que se solicita tengan carácter confidencial. Existiendo, por tanto, esta norma especial, no resulta de aplicación el artículo 15.1 de la Ley 19/2013.
Cuarto: Respecto a la información facilitada por la confederación hidrográfica, hay que considerarla insuficiente. Ante la existencia de unos procedimientos sancionadores sobre vertidos a un cauce público, procedentes de una explotación minera, no puede limitarse a indicar el número de procedimiento, la empresa sancionada, el motivo por el que se inició y que finalizó con sanción pecuniaria y obligación de indemnización en uno de los expedientes.
No se ha informado a la solicitante de los concretos hechos cometidos, de la infracción que constituyen, de las pruebas practicadas para considerarlos acreditados, ni del importe de la sanción, entre otros datos que son relevantes para valorar la incidencia medioambiental de la conducta infractora. Y el medio para facilitar esa información era dando acceso a la solicitante a los expedientes sancionadores en alguna de las formas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 27/2006.
Quinto: Los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permiten el acceso al contenido de expedientes sancionadores tramitados a consecuencia de la producción de emisiones al medio ambiente, no primando en ese caso las restricciones al contenido de actuaciones sancionadoras administrativas previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concretamente, la confidencialidad y la protección de los datos personales.
En mi opinión, se trata de otra importante sentencia del Tribunal Supremo que insiste en la necesidad de interpretar restrictivamente los límites al derecho de acceso a la información pública y que, en materia de vertidos o emisiones ambientales, la legislación específica opta por una elevada protección del medio ambiente y, en consecuencia, facilitar el acceso al contenido íntegro de los expedientes sancionadores tramitados, sin que resulte de aplicación ni la protección de los datos personales ni tampoco la confidencialidad de dichos expedientes.
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