Tenemos derecho a acceder a la información pública, esté o no documentada o conste dispersa en varios documentos: los informes de la Abogacía del Estado sobre los gastos del referéndum catalán

Hace casi 8 años desde que entró en vigor la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el título de este comentario puede parecer una obviedad.

Sin embargo, lamentablemente, no lo es. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución nº 393, de fecha 20/9/2021, acaba de desestimar una reclamación, amparando el siguiente criterio mantenido por la Abogacía General del Estado:

«el artículo 13 (de la Ley 19/2013, de transparencia) reconoce el derecho al acceso a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía».

El objeto de la solicitud al Ministerio de Justicia era el siguiente: «solicito toda la información por la que la Abogacía del Estado considera justificados los pagos de los gastos del referéndum por la malversación de fondos del procés catalán«.

La Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia, previo requerimiento al solicitante para que concretara los documentos que solicitaba, resolvió inadmitir la solicitud apoyándose en lo dispuesto en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al permitir la inadmisión de aquellas solicitudes de reconocimiento de derechos manifiestamente carentes de fundamento, ya que se entendía que el artículo 13 de la Ley 19/2013 solo permite el acceso a documentos concretos que obran en poder de la Administración.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hace una cosa muy rara. Por un lado, afirma que no comparte el criterio de la Abogacía General del Estado de inadmitir la solicitud aplicando el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, ya que «aunque no se estuvieran solicitando documentos concretos se podía deducir fácilmente a qué información se estaba refiriendo el interesado».

No obstante, por otro lado, y esto es lo verdaderamente sorprendente, el Consejo de Transparencia se apoya en la Sentencia nº 60, de 18/5/2016, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, indicando que dicha Sentencia dice algo que realmente no dice:

«El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía»

Este párrafo no existe en la referida Sentencia nº 60/2016. Es más, esta sentencia rechaza que la información sobre los gastos efectuados por RTVE para participar en el festival de Eurovisión 2015 incurra en la causa de inadmisión de «reelaboración de la información».

En el caso que comentamos, la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia en ningún caso afirma que no posea la información solicitada o que esta no exista.

En consecuencia, existiendo la información pública en poder de la Abogacía General del Estado pero no constando en ningún documento concreto u obrando dispersa en un documento o en varios, la entrega de la información resulta obligada. Adviértase que el solicitante lógicamente no puede identificar de forma específica esos documentos porque no conoce esos datos al no trabajar dentro de la Abogacía del Estado.

Por otra parte, tampoco estamos ante un caso de «reelaboración de información», ya que para acceder a la información por la que la Abogacía del Estado considera justificados los pagos de los gastos del referéndum, la cual constará a buen seguro en uno o varios informes ya elaborados, no hay que confeccionar «ex novo» complejos estudios, análisis o investigaciones. Hay que insistir en que el Ministerio de Justicia, en ningún momento, ha negado que exista la información solicitada.

Resulta desalentador comprobar que, casi 8 años después de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de transparencia, tanto el Ministerio de Justicia como el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ignoran deliberadamente lo que dice el propio preámbulo de dicha Ley, a saber:

«(…) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica (…)».

El artículo 13 de la Ley 19/2013, de transparencia, amplía el derecho de acceso a toda la información pública con independencia de que los contenidos estén o no documentados o consten en uno o varios documentos, a diferencia del derogado artículo 37 de la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común, en el que el derecho de acceso estaba limitado al documento preexistente ya elaborado.

En resumidas cuentas, es importante distinguir entre los siguientes supuestos:

a) La información no consta en poder de la entidad pública y no se conoce quién la pueda tener: cabe la inadmisión de la solicitud.

b) La información no consta en poder de la entidad pública, pero sí se conoce quien la tiene: hay que enviar la solicitud a quien posee la información para que resuelva sobre la misma.

c) La información pública solicitada no existe: cabe la desestimación de la solicitud.

d) La información pública existe pero no está documentada o figura dispersa en varios documentos ya existentes: no hay reelaboración, es obligado facilitar la información.

e) La información pública no existe tal y como ha sido solicitada: si para obtenerla hay que elaborar «ex novo» complejos estudios, investigaciones o análisis para obtener los datos en la forma solicitada por el interesado, cabría inadmitir la solicitud por la causa de «reelaboración de la información».

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