TRANSPARENCIA

La transparencia en el refrendo de los actos del Rey: el caso de la visita a Ceuta

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En relación con la crisis migratoria de Ceuta, surgen varias preguntas. ¿Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la visita del Rey a la ciudad cuenta o no con el refrendo del Presidente del Gobierno?  Es evidente que el Gobierno no ha refrendado dicha visita, pero ¿cuál es la razón? ¿No la ha pedido el Rey o, por el contrario, la ha solicitado, pero el Gobierno no quiere refrendarla?

Estas cuestiones son las que se van a analizar a continuación. En una sociedad democrática como la nuestra, la ciudadanía debe estar informada al tratarse de un asunto que tiene un evidente interés público y que afecta a dos instituciones muy importantes en las que la sociedad tiene depositada mucha confianza: la Jefatura del Estado (el Rey) y el Gobierno.

Como es sabido, la Constitución Española expresa que el Rey es el Jefe del Estado y que es inviolable, ya que los actos adoptados en el ejercicio de sus funciones necesitan el refrendo del Presidente del Gobierno o Ministro correspondiente para ser válidos, siendo responsables de los mismos las personas que los refrenden (artículos 56 y 64). La única excepción del refrendo se contempla para nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de la Casa Real, y, lógicamente, para los actos de su vida privada.

La visita del Rey a Ceuta, después de la entrada masiva de inmigrantes, constituye un acto oficial que se enmarca claramente dentro de sus funciones de simbolizar la unidad y permanencia de España, asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

¿Quién decide si dicha visita se debe realizar o no? No parece que el Rey lo pueda decidir libremente, ya que sus actos no son válidos sin el necesario refrendo del Presidente del Gobierno o del Ministro correspondiente. En consecuencia, es el Gobierno quien tiene la última palabra, al corresponderle también la dirección de la política exterior (artículo 1.1. de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

¿Los ciudadanos podemos saber si el Rey no quiere visitar la ciudad o, por el contrario, quiere visitarla pero el Gobierno no le deja al no refrendar dicha visita?

Para intentar obtener una respuesta a dicha pregunta, la ciudadanía podría iniciar dos caminos distintos:

a) Por un lado, dirigir una solicitud de información a la Jefatura del Estado o a la Casa Real. Aquí existen varios problemas. La Jefatura del Estado (el Rey) no está sujeta a la vigente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Casa Real, como organismo público que asiste al Rey en el ejercicio de sus funciones, solo está sujeta de forma parcial, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, entre las que no se incluye, desde luego, la visita oficial a Ceuta.

En consecuencia, este camino no tiene ningún recorrido, salvo que la Jefatura del Estado, de forma voluntaria, y para evitar su instrumentalización política y garantizar el ejercicio neutral de sus funciones constitucionales, publique información sobre el refrendo o no refrendo de sus actos, en el portal de transparencia de la Casa Real.

b) Por otro lado, los ciudadanos podríamos presentar una solicitud de información ante Presidencia del Gobierno o los Ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, quienes, al formar parte de la Administración General del Estado, sí que están sujetas a la referida Ley 19/2013, de transparencia, y en consecuencia, a emitir una respuesta.

Ahora bien, es obvio que la respuesta es muy previsible: “no consta que el Rey quiera visitar la ciudad de Ceuta”. Esta contestación no aclara si la Jefatura del Estado considera necesario y ha expresado su voluntad de visitar la ciudad de Ceuta en el ejercicio de sus funciones constitucionales y si esta postura es compartida o no por el Gobierno.

En mi opinión, esta información resulta muy valiosa por varias razones. En primer lugar, porque si la Jefatura del Estado tiene la obligación de ejercer unas funciones constitucionales de forma neutral, el Gobierno de turno no debería instrumentalizar a la institución de la Corona e impedir el ejercicio de dichas funciones por conveniencias políticas o electorales mediante la negativa a refrendar sus actos.

A mi juicio, la ciudadanía tiene derecho a saber los casos en que la Jefatura del Estado no puede desarrollar sus funciones constitucionales con neutralidad e independencia porque el Gobierno de turno no desea refrendar sus actos. De lo contrario, sin esa información, el Gobierno modula a su antojo el ejercicio de las funciones constitucionales de la Jefatura del Estado, otorgando o negando el necesario refrendo según le convenga en cada momento.

Dicho en otras palabras, el Gobierno de turno, representado por los partidos políticos que lo constituyen en cada legislatura, no puede “secuestrar” o impedir el legítimo ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden a la Jefatura del Estado. Este ejercicio, que es neutral, se ve gravemente impedido por los partidos que forman parte del Gobierno, que no son neutrales, y que se apropian “de hecho” de unas funciones que no corresponden al Gobierno, sino a la Jefatura del Estado.

Si esta situación se produce, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. De lo contrario, al no facilitarse ningún tipo de información sobre los refrendos, la confianza en ambas instituciones, Jefatura del Estado y Gobierno, se resiente de forma considerable, ya que no hay forma de saber si el Rey está cumpliendo o no con sus funciones constitucionales y si dicho cumplimiento se está viendo afectado o no por la libertad absoluta e ilimitada que parece que tiene el Gobierno para conceder o no el refrendo a su antojo, según sus conveniencias políticas o partidistas, las cuales, en algunos casos, pueden estar alejadas del interés general de la ciudadanía.

En una democracia, no existen poderes absolutos sino contrapesos para separar y limitar dichos poderes. La falta de información impide un control social y consagra un poder absoluto del Gobierno para refrendar o no los actos de la Jefatura del Estado y, de esta manera, apropiarse de unas funciones constitucionales que no le pertenecen.  

Si se facilitara información sobre los refrendos, bien la Jefatura del Estado, voluntariamente, en el portal de transparencia de la Casa Real, bien el Gobierno, de oficio en el portal de transparencia de la Administración General del Estado o en respuesta a alguna solicitud de información, sería posible controlar si la discrecionalidad de la política exterior, que corresponde al Gobierno, está suficientemente motivada o, por el contrario, estamos ante un ejercicio arbitrario en el ejercicio de la potestad de refrendo de los actos de la Jefatura del Estado, prohibido por el artículo 9.3 de la Constitución Española.  

Al margen del debate jurídico, está en juego algo fundamental para la salud de una democracia: la confianza ciudadana en las instituciones, en su utilidad y en su sometimiento al servicio de los intereses generales, alejados de los intereses electoralistas, partidistas o políticos. Y sin información, la confianza no es posible. Nadie puede confiar en lo que no conoce.

El acceso a la información de los concursos para la provisión de puestos de trabajo

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Un funcionario que había participado en un concurso convocado para la provisión de puestos de trabajo, solicitó el acceso al expediente de las tres personas que habían resultado adjudicatarias.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática denegó dicho acceso aplicando el límite de la protección de los datos personales, afirmando que, entre los méritos específicos, se valoran estudios y titulaciones, además de conocimientos y experiencias profesionales. Para acreditar los méritos puede figurar en los expedientes documentación relacionada con aspectos estrictamente personales y familiares, como copias del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial, o de la resolución administrativa o judicial de la adopción, acogimiento permanente o preadoptivo, información sobre el puesto de trabajo y destino de la persona que sea cónyuge de la persona participante, información sobre la residencia, nombres y DNI de menores, datos sobre discapacidades de hijos/as o familiares y grados de dependencia, tipo de familia de la que forma parte la persona solicitante, etc.

Curiosamente, al mismo tiempo que se impedía el acceso a la información para proteger los datos personales, el referido Ministerio ofreció al solicitante la posibilidad de una vista para consultar los expedientes solicitados, comunicándole a su correo electrónico la convocatoria para reunirse por medios telemáticos, sin que la persona interesada se uniera a la reunión.

Afortunadamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, mediante Resolución nº 612, de fecha 9/6/2026 (enlace), ha estimado la reclamación presentada por el funcionario, con apoyo en distintos argumentos que merecen ser destacados:

a) No puede desconocerse la exigencia de publicidad y la transparencia en los procesos selectivos que establece nuestro ordenamiento con carácter general. Así se declara en la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 11 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:5514) —con un razonamiento que, si bien se refiere expresamente a las titulaciones y requisitos para acceder a un puesto de trabajo, es plenamente aplicable a los méritos presentados por quienes han obtenido un puesto de trabajo en un organismo público— o en la STS de 24 de junio de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:2091), en la que se puso de relieve la exigencia de «la constatación de que el eventual adjudicatario cuenta con los requisitos para ocuparla según la relación de puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar la plaza vacante».

b) El interés público en acceder a la información relativa a la valoración de méritos de la persona que ha obtenido el puesto, prevalece sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal de la persona afectada, por cuanto permite verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la idoneidad de la persona nombrada para el puesto de trabajo, en un claro ejercicio de escrutinio de la actividad pública, con independencia de los intereses particulares de la persona reclamante.

Así, la información relativa a los aspirantes seleccionados que obre en poder del organismo se revela necesaria para constatar que los eventuales adjudicatarios cuentan con los requisitos establecidos según la relación de puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar las plazas vacantes.

c) Ahora bien, lo anterior no supone un acceso indiscriminado al contenido íntegro de los expedientes personales de los adjudicatarios, en la medida en que pueden contener datos personales sujetos a un régimen reforzado de protección y no sean relevantes para la finalidad de control pretendida. En estos casos, de conformidad con el artículo 16 LTAIBG, procede conceder un acceso parcial, previa omisión o anonimización de aquellos datos personales cuya divulgación no resulte procedente.

De este modo, debe facilitarse toda aquella documentación del expediente relativa a los méritos profesionales, experiencia, antigüedad, puestos desempeñados, formación, titulaciones y demás elementos necesarios para comprobar la adecuación de las personas adjudicatarias a las plazas convocadas, debiendo suprimir, en cambio, datos identificativos innecesarios, circunstancias estrictamente personales o familiares y, en general, cualquier información especialmente protegida no imprescindible para dicha finalidad.

d) No resulta conforme a derecho condicionar el acceso a la información solicitada a la comparecencia del solicitante en una vista mediante videoconferencia, máxime cuando el Ministerio no ha justificado las razones concretas que obligaban a materializar el acceso por esta vía.

A ello se añade que la propia actuación de la Administración evidencia una cierta contradicción. En efecto, si la documentación solicitada contenía datos personales especialmente protegidos o información cuya divulgación podía afectar a la intimidad de terceros, el hecho de facilitar que esa información fuese objeto de exhibición en una videoconferencia podría comprometer, igualmente, esos mismos datos invocados para fundamentar la denegación del acceso.

En definitiva, sin acceso a la documentación acreditativa de los méritos alegados por los funcionarios a quienes se les ha adjudicado los puestos de trabajo convocados, el control sobre el cumplimiento de los mismos y la legalidad de la decisión adoptada es imposible. El acceso parcial es la solución. Hay que suprimir los datos personales cuyo conocimiento no sea necesario. La videoconferencia, como forma de acceso a la información pública, no se puede imponer legalmente al solicitante.

La identidad de las personas que forman parte de un órgano colegiado es información pública

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Una persona solicita al Servicio Extremeño de Salud la identidad de las personas que forman parte de la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica, concretamente, el nombre y apellidos y el cargo que ocupan.

Ante el silencio de la Administración, la persona interesada presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quién, mediante Resolución nº 397, de fecha 4/5/2026 (enlace), ha estimado la reclamación, obligando al Servicio Extremeño de Salud a facilitar los datos solicitados.

Una vez admitida a trámite la reclamación, y dentro del plazo de 15 días concedido por el CTBG, la Administración alega que en la orden por la que se crea y regula la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica se enumeran los profesionales que la componen, con su perfil profesional, y que esa información es suficiente para tener conocimiento de los diferentes profesionales que la integran, así como de su carácter multidisciplinar.

Sin embargo, la Administración insiste en que no se expone públicamente la identidad de las personas que componen dicha comisión precisamente para salvaguardarlas de presiones externas que puedan entorpecer o dificultar su labor, con la finalidad de mantener a dicha comisión dentro de los máximos niveles de objetividad y con el mayor rigor técnico posible.

Afortunadamente, el CTBG estima la reclamación con apoyo en varios argumentos, a saber:

a) La composición todo órgano administrativo es información pública sujeta a publicidad activa institucional, según el artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), y por lo tanto, al margen de que lo solicite una persona, se trata de una información que tiene que publicar de oficio la entidad pública en el correspondiente portal de transparencia .

b) Frente a lo que argumenta la Administración sobre la protección de los datos personales de los integrantes de la comisión, hay que destacar que el nombre y apellidos solicitados son datos meramente identificativos. En este sentido, el artículo 15.2 de la LTAIBG dispone que «con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano».

c) Respecto a la justificación de «salvaguardar de presiones externas que puedan entorpecer o dificultar su labor, manteniéndola en los máximos niveles de objetividad y con el mayor rigor técnico posible o la declaración legal de confidencial”, hay que recordar que tal justificación no se encuentra amparada en norma de rango legal que desplace el derecho de acceso a la información pública, constitucionalmente reconocido.

d) El riesgo de eventuales “presiones” que comprometan la actuación de los miembros del órgano colegiado son fácilmente superables con las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico (abstención/ recusación) incluso de orden penal. La publicidad y el acceso a la información pública de la composición de todo órgano colegiado es paradigma de su imparcialidad y garantía de integridad de sus actuaciones, tal y como ocurre en diversos sectores del ordenamiento jurídico, como por ejemplo en materia de contratación pública, en el que el art 326 en conexión con el art 63.3.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, impone la obligación de hacer público en el perfil del contratante, las actas del del proceso de adjudicación, y con ellas la composición en su caso de los expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato que asesoren a las mesas de contratación.

e) La transparencia de la identidad de los miembros de un consejo asesor público con relevancia en la adquisición de medicamentos, supone mayor garantía de salvaguarda de la objetividad e integridad en su actuación, que el secreto de su composición subjetiva, pues permite someter al escrutinio público, entre otras cuestiones la idoneidad en la designación de sus miembros o la ausencia de conflicto de interés en su ejercicio.

En definitiva, no se alcanza a entender que el secreto en la composición de un órgano asesor, sin norma que lo ampare, ayude a las finalidades de la LTAIBG de someter a escrutinio actuación pública en materia farmacéutica.

La obligación administrativa de buscar la información pública solicitada

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Cuando las personas solicitan información, ¿están las entidades públicas obligadas a buscarla? ¿Cuál es la extensión de esta obligación? ¿Cómo se acredita su cumplimiento?

Aunque la Ley estatal 19/2013, de transparencia, y las correspondientes leyes autonómicas, no contemplan expresamente esta obligación, es obvio que hay que entender que sí que existe como condición previa y necesaria para hacer efectivo el correlativo derecho de acceso a la información pública. Si las entidades públicas pudieran rechazar las solicitudes de información con solo decir que «la información no existe», sin realizar ninguna actividad mínima de búsqueda, poco o nada habríamos avanzado.

En mi opinión, la obligación administrativa de buscar la información y de manifestar claramente si existe o no existe porque no ha existido nunca, se ha eliminado o se ha extraviado, está comprendida dentro del derecho de acceso a la información pública.

Una vez recibida la solicitud de información, la primera obligación que tienen que cumplir las entidades públicas antes de dictar la correspondiente resolución, es, precisamente, desplegar una actividad de comprobación en los archivos para saber si dicha información existe o no. Esa actividad de búsqueda no debe ser ilimitada en el tiempo o en los medios, pero tampoco simbólica. Se debe expresar en qué ha consistido dicho trabajo de localización y qué archivos o programas se han consultado.

Después de esa tarea de búsqueda, los resultados pueden ser distintos:

a) La información no existe porque nunca ha existido.

En este caso, la entidad pública debe manifestarlo claramente y lo procedente sería desestimar la solicitud porque no hay objeto sobre el que se pueda proyectar el derecho de acceso.

b) La información no existe porque ha sido indebidamente eliminada o extraviada.

Del mismo modo que en el caso anterior, la entidad pública debe expresarlo claramente. En mi opinión, dicha entidad debería adoptar todas las medidas a su alcance para reconstruir dicha información, puesto que el funcionamiento anormal de la Administración al no conservar los documentos o perderlos, no puede perjudicar a la ciudadanía ni convertirse en un beneficio de la entidad pública (nadie puede beneficiarse de su propia torpeza).

c) La información existe, esté o no documentada.

c.1) Si la información está documentada y no concurre ningún límite legal, se podrá facilitar sin problema.

c.2) Si la información existe, pero no está documentada o no está contenida en un único documento, sino dispersa en varios de ello, también se debe facilitar sin problema porque no estamos ante la causa de inadmisión de las solicitudes por «reelaboración», ya que no se trata de una operación compleja, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 2/6/2022, enlace).

c.3) Por el contrario, si la información existe pero los datos solicitados requieren de un operación compleja para su obtención (está dispersa entre órganos de distinta administración; se trata de elaborar estudios, informes o análisis «ad hoc», a la carta; se refiere a un periodo temporal amplio, etc.), se podrá inadmitir la solicitud de acceso a la información pública aplicando la causa de reelaboración.

Respecto a la obligación de buscar la información, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la Resolución nº 856, de fecha 23/4/2026 (enlace), se ha pronunciado en estos términos:

“[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos”.

Obviamente, una adecuada gestión documental y de los archivos es esencial para buscar y localizar la información y garantizar su autenticidad y conservación. Cuantos más medios económicos, personales y técnicos invierte la entidad pública en sus archivos, más aumenta la transparencia. Y al revés, cuanto menos se invierte, más opaca es la organización. Es así de claro. Si ante una solicitud de información, la entidad pública puede fácilmente afirmar que «no existe o no consta» y no se molesta ni en buscarla, o lo que es peor, la busca a sabiendas de que su sistema de gestión documental y de archivos es un desastre y que va a ser imposible encontrarla, la transparencia se convierte en un brindis al sol.

El límite al derecho de acceso a la información pública consistente en generar un perjuicio a las relaciones exteriores

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El artículo 14.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las relaciones exteriores.

Nos encontramos ante un límite muy amplio y genérico, que se aplica cada vez con más frecuencia para impedir el derecho de acceso a la información pública. ¿Qué se entiende por «relaciones exteriores»? ¿En qué casos se puede generar un perjuicio?

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4/5/2026 (enlace), nos da algunas pautas interesantes. Una persona había solicitado al Ministerio de Economía la siguiente información:

«conocer la deuda actual que tiene Cuba y Venezuela hacia España, así como las renegociaciones, condonaciones de deuda e intereses así como reestructuraciones de dicha deuda habidas desde el 2004 hasta el momento presente, junto con los informes y los expedientes administrativos correspondientes de esas condonaciones y reestructuraciones (…)».

Ante la falta de respuesta ministerial, se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que fue íntegramente estimada. Frente a esta resolución, el Abogado del Estado interpuso un recurso contencioso, que fue inicialmente desestimado, y una apelación posterior, que fue estimada. El CTBG presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha sido estimado parcialmente.

A pesar del inicial silencio ministerial, la información solicitada se concedió posteriormente de forma parcial, ofreciendo algunos datos de la deuda contraída con España por Cuba y por Venezuela, pero sin permitir el acceso a las actas del llamado «Club de París», al que pertenece España, por generarse un perjuicio para «las relaciones exteriores». Un inciso. El Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que experimentan los países deudores. Cuenta con 22 miembros permanentes -España entre ellos- y su actuación es estrictamente informal,

Pues bien, dicho esto, el CTBG interpuso recurso de casación porque la Sentencia de la Audiencia Nacional ignoró la doctrina del Alto Tribunal sobre la diferencia entre los acuerdos o actas, que deben ser públicos, y las deliberaciones, que son confidenciales (Sentencias de 19 de febrero de 2021, Recurso 1866/2020, y de 17 de noviembre de 2022, Recurso 1837/2021), ya que asume la mera posibilidad hipotética de que las actas del Club de París contengan información sobre las deliberaciones efectuadas en la reunión cuando este Tribunal Supremo ha rechazado que las actas de un órgano colegiado tengan necesariamente que recoger el contenido íntegro de la discusión y las opiniones y manifestaciones expuestas en el proceso de toma de decisión, de manera que ha de descartarse que las actas hayan de excluirse del derecho de acceso por un mero riesgo teórico de afectación a la política exterior.

El Tribunal Supremo rechaza este motivo indicando que tal doctrina jurisprudencial tiene como base la actuación de los órganos colegiados nacionales, esto es, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pero sin incidir en cómo se rijan ni se desenvuelvan las reuniones en instituciones u órganos internacionales, aún de naturaleza informal, como el Club de París, pues el Estado español carece de capacidad para, en concreto, modificar reglas sobre el funcionamiento de organismos multinacionales, cualquiera que sea su clase.

Adentrándonos en el límite al derecho de acceso a la información pública consistente en causar un perjuicio a las «relaciones exteriores», el Tribunal Supremo desliza estas importantes declaraciones, que pueden servir como criterios o pautas generales de actuación:

a) Es el Gobierno el que dirige la política exterior, por lo que la determinación de las actividades necesarias a tal fin y, en sentido contrario, de aquello que puede dañar dichas relaciones, debe gozar de un margen de discrecionalidad, ya que entran en juego factores complejos y diversos que exigen una ponderación conjunta y equilibrada (Sentencia 11/3/2026, Recurso 8005/2024).

El reconocimiento de un mayor margen de apreciación no supone que la información referida a las relaciones exteriores quede al margen de las exigencias del principio de transparencia, que expresamente se menciona como principio rector de la acción exterior del Estado en el artículo 3.2.f) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, como principio general complementario de otros específicos de la política española de gestión de deuda externa en el artículo 7.3.g) de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, y como principio de actuación en el artículo 2.3.f) de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

b) El acceso a la información puede denegarse cuando se proporcionen razones suficientes, aunque no alcancen un alto nivel de detalle y concreción, que permitan entender de forma razonable y verosímil que la información solicitada pueda causar un perjuicio a las relaciones exteriores de España.

c) La aplicación de este límite exige una motivación que explique por qué la divulgación de una información concreta puede afectar negativamente a dicho interés público. No basta con invocar de forma genérica este límite, siendo necesario que se exponga un perjuicio razonable, sin que baste un mero perjuicio hipotético. Además, esta restricción debe ser adecuada y proporcional al interés público que se trata de proteger, y ello porque los límites analizados no deben traspasar lo que es adecuado y necesario para el cumplimiento del objetivo perseguido.

d) El mero hecho de tratarse de un convenio o acuerdo internacional en el que intervine un tercer Estado no implica que su contenido deba ser secreto o que la información referente al mismo pueda ser denegada invocando genéricamente el posible daño a las relaciones exteriores y/o la perdida de fiabilidad para futuros compromisos. Ello equivaldría a sostener que todo acuerdo o convenio internacional, que por esencia afecta a otro Estado, debe permanecer al margen del conocimiento público, y ello no es así porque, tal y como hemos señalado anteriormente, también la información pública relacionada con la actividad exterior está sometida a la ley de Transparencia.

e) No es la presencia de otro Estado la que determinará la aplicación de este límite sino el objeto del convenio y el peligro real de que el conocimiento de su contenido, o parte del mismo, pueda causar un perjuicio probable a la política exterior de nuestro Estado. Y no todos los contenidos de cualquier acuerdo o convenio internacional tienen la virtualidad de conllevar ese perjuicio, de forma que cuando se deniegue el acceso a la información invocando este límite ha de explicarse también la razón por la que el acceso puede menoscabar efectivamente el interés protegido.

En el caso concreto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4/5/2026, el Alto Tribunal entiende que el acceso a las actas en las que se plasman los acuerdos para el tratamiento de la deuda incide de forma importante en la confidencialidad, que es un principio que guía e inspira las actuaciones del Club de París, a cuyo respeto se han comprometido los asistentes a sus reuniones, y cuyas decisiones, tampoco lo olvidemos, se toman por consenso, por más que la confidencialidad se predique expresamente solo de las «deliberaciones».

En cuanto al perjuicio, debido al ámbito tan importante y delicado sobre el que versan las negociaciones y acuerdos plasmados en las actas del Club de París suscritas por los países acreedores y por el país deudor, el acceso a dichas actas es susceptible de causar perjuicios razonablemente previsibles y no puramente hipotéticos a las relaciones exteriores de España, menoscabando, cuando menos, la confianza derivada del intercambio de información y de opiniones sobre los países deudores, cuyo flujo podría verse fundadamente afectado incidiendo en la reciprocidad y en la misma seguridad jurídica que debe presidir las relaciones exteriores.

Sin embargo, el Tribunal Supremo casa la Sentencia de la Audiencia Nacional porque, si bien es cierto que no se puede acceder a las actas del Club de París porque puede perjudicar las relaciones exteriores de España, no lo es menos que el solicitante no había solicitado el acceso a dichas actas, sino a los acuerdos adoptados por España en relación a la deuda, lo que es bien distinto.

Dicho en otras palabras, el límite del perjuicio a las relaciones exteriores no puede utilizarse para impedir el acceso a la documentación relativa a la concreta y específica aplicación que España haya realizado de las condiciones de tratamiento de la deuda estipuladas en dichas actas del Club de París.

La razón sostenida por el Tribunal Supremo es muy clara y concluyente. Esta información posee un relevante interés público afectado al principio de utilización racional de los fondos públicos, sin que incida en las relaciones exteriores con la misma relevancia que la de las actas, siendo esta información la que, en definitiva, se solicitó por el interesado, lo que no obsta para que el acceso a tal información pueda también denegarse, pero siempre y cuando se expliquen, fundada y suficientemente, las razones por las que se produce un perjuicio razonablemente previsible, no meramente hipotético, sobre aquellas relaciones, teniéndose en cuenta los distintos ámbitos que, derivadas de las mismas, puedan afectarse como, en especial, el político o el económico.

En definitiva, el mero hecho de que unos datos o una documentación pueda afectar a un tercer Estado no conlleva «per se» el secreto de la misma y su exclusión del conocimiento público, puesto que la información pública relacionada con la actividad exterior del Estado está sometida a la Ley de Transparencia.

El Tribunal Supremo refuerza el derecho fundamental de los diputados, senadores y concejales a la información pública

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El Tribunal Supremo, en la Sentencia de fecha 15/4/2026 (enlace), nos recuerda que el derecho de acceso a la información pública que tienen los cargos electos o representativos como son los diputados del Congreso, autonómicos, locales, senadores y concejales es un DERECHO FUNDAMENTAL comprendido en el artículo 23.2 de la Constitución Española y que no puede ser objeto de una interpretación restrictiva, ni de trabas o dificultades innecesarias.

En el caso resuelto por la referida Sentencia, una senadora había solicitado al Gobierno que la Administración estatal competente le facilitara la siguiente información: «número total de viviendas disponibles en el parque de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos o dependientes, con indicación de cuántas están destinadas al uso oficial por autoridades o cargos públicos, cuántas están desocupadas y cuántas se encuentran arrendadas o cedidas para el uso social».

La respuesta tardía del Gobierno rechazó facilitar la referida información expresando dos excusas principales. Por un lado, que el Ministerio de Hacienda (órgano al que atribuye con carácter principal la gestión y administración del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado) manifestó que en el citado inventario no se contempla la categoría de vivienda o residencia, y por ello, resulta imposible identificar, automáticamente los inmuebles que tengan esa condición o destino, y por otro lado, que en el Portal de Transparencia está publicada la lista de todos los inmuebles sobre los que la Administración del Estado ostenta la titularidad o algún derecho real.

Sin embargo, estas excusas no convencieron, afortunadamente, al Tribunal Supremo, que estimó el recurso presentado por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Para el Alto Tribunal ni la circunstancia de que el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no permita identificar de forma automática la información requerida, ni la alegación de que dicho inventario no singulariza el uso concreto de las viviendas por no tratarse de un campo exigido o específicamente previsto a tal efecto, constituyen fundamento suficiente para eludir el deber de proporcionar la información interesada, cuando esta resulta necesaria para el ejercicio efectivo de la función de control al Gobierno.

Asimismo, también es importante destacar que la mera remisión al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado carece de toda virtualidad cuando, como sucede en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, dicha plataforma no ofrece dato alguno relevante ni permite acceder, ni siquiera de manera indirecta, a la información concreta objeto de la solicitud, privando así de eficacia real al derecho fundamental invocado.

Debe añadirse, además, que el eventual carácter no inmediato de la obtención de la información solicitada no puede erigirse en obstáculo legítimo para su recabación y ulterior comunicación al solicitante.

El derecho de los cargos electos a recabar la información necesaria para el desempeño de sus funciones parlamentarias; derecho que, conforme a una reiterada doctrina constitucional, forma parte del haz de facultades que integran el «ius in officium» protegido por el artículo 23.2 CE, no ampara una interpretación restrictiva que permita a la Administración excusarse en la inexistencia de un tratamiento previo o sistematizado de los datos, cuando éstos obran efectivamente en su poder y pueden ser obtenidos mediante una mínima actividad de recopilación o tratamiento interno.

Finalmente, el Tribunal Supremo destaca que, un cuando dicha labor pudiera implicar cierto grado de complejidad técnica o de esfuerzo organizativo, lo cierto es que tal carga no puede calificarse, en modo alguno, de desproporcionada, extraordinaria o exorbitante, ni ha quedado acreditado que su cumplimiento comprometa de forma relevante el normal funcionamiento de los servicios administrativos. Al contrario, se trata de una actuación razonablemente exigible a la Administración en orden a no vaciar de contenido el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, máxime cuando la información interesada presenta un indudable interés público y una conexión directa con la gestión del patrimonio inmobiliario estatal.

Esta importante Sentencia del Tribunal Supremo refuerza el derecho fundamental que tienen los cargos electos a acceder a la información pública, no pudiendo ser limitado dicho derecho mediante interpretaciones restrictivas carentes de fundamento en la protección de otros intereses públicos o privados.

La información pública sobre la calidad del servicio de suministro eléctrico

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Una periodista solicitó a la Dirección General de Energía de la Generalitat de Cataluña la siguiente información pública: «las incidencias que provocan una interrupción del suministro eléctrico superior a treinta minutos y que afectan a más de mil clientes, especificando fecha, duración de la incidencia, empresa distribuidora y municipios afectados».

Dicha información fue facilitada por la Administración, recurriendo dicha decisión la empresa suministradora del servicio eléctrico por considerar que no se había aplicado el límite del deber de confidencialidad derivado de la normativa del sector eléctrico y de seguridad industrial.

El artículo 40.2.n) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, dispone lo siguiente:

«Los distribuidores como gestores de la red de distribución en las que operan, tendrán las siguientes funciones en el ámbito de las redes que gestionen:

Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas».

Por su parte, el artículo 17.j) de Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, establece lo siguiente:

«Los organismos de control en materia de seguridad industrial tienen las siguientes obligaciones:

Garantizar la confidencialidad de la información que hayan podido obtener durante las actuaciones y cumplir la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal».

La empresa suministradora sostenía los siguientes razonamientos para impugnar la decisión de facilitar dicha información:

a) La información suministrada ni es ampliamente conocida ni es fácilmente accesible por terceros no autorizados, sino que es información que se encuentra sometida a estrictas medidas de control y deberes de confidencialidad y está en poder de la Administración competente a fin de permitir la supervisión por ésta de la actividad de distribución eléctrica, pero no para menoscabar la posición de mercado de empresa, permitiendo que dicha información llegue a terceros sin atribución al efecto.

b) La información puede contener datos o registros de averías o debilidades puntuales en la red de distribución que, de ser reveladas al público, además del riesgo de seguridad, supone un evidente impacto reputacional para la mercantil y al grupo empresarial al que pertenece.

c) El acceso a la información relativa a la incidencias y cortes en el suministro eléctrico podían haber sido efectuadas sin identificar las empresas suministradoras, ni el emplazamiento de las incidencias, pero sí la relación de las incidencias en el suministro registradas por el conjunto de distribución repartidas en el territorio y su duración.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia de fecha 18/3/2026 (enlace), desestima el recurso con los siguientes razonamientos.

En primer lugar, se destaca que no estamos en el ámbito de la actividad sancionadora, puesto que la solicitud se refiere a unas actas de inspección, de modo que, a diferencia del caso analizado la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 8 de febrero de 2023, dictada en Recurso número 533/2021, no estamos ante una solicitud de información sobre sanciones impuestas a la empresa distribuidora, sino sobre las actas de inspección de los centros de transformación eléctrica.

Tampoco parece que se trate de una información que tenga conexión directa con el ámbito comercial, a la que se refiere la reserva de confidencialidad de la Ley del Sector Eléctrico. La actora no ha acreditado debidamente por qué en el caso de proporcionar esta información se pueda afectar a sus intereses económicos y comerciales, atendiendo que se trata de una obligación que la normativa aplicable impone al conjunto de empresas distribuidoras.

La restricción del acceso a la información sólo queda justificada en el caso que cause un perjuicio cierto y tangible en el bien jurídico protegido, que debe de ser ponderado caso por caso y justificar en la resolución.

En definitiva, no se ha demostrado que la información solicitada sobre las incidencias que provocan una interrupción del suministro eléctrico superior a 30 minutos y que afecte a más de 1.000 clientes, especificando la fecha, la duración de la incidencia, la empresa suministradora y los municipios afectados, tenga una conexión directa con el ámbito comercial y genere perjuicios a las mercantiles afectadas.

En mi opinión, se trata de una Sentencia acertada que, teniendo en cuenta la condición de periodista de la persona solicitante, resalta la importancia de la libertad de información y la libertad de expresión, que son derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, para garantizar una opinión pública libre, unida de forma indisoluble al correcto funcionamiento de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Una nueva causa de inadmisión: la información está en fase de valoración interna

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Por si las causas de inadmisión de las solicitudes no fueran suficientes, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su Resolución nº 75, de fecha 26/1/2026 (enlace), se ha inventado una nueva: «la información solicitada está en fase de valoración, por lo que no se ha iniciado ningún procedimiento ni tomado decisión alguna». Esta causa de inadmisión no está expresamente prevista en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Los hechos fueron los siguientes: una persona solicita al Ministerio de Igualdad la siguiente información relacionada con la petición del Ayuntamiento de Valencia para que el acontecimiento “Gay Games València 2026” fuera declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público:

(…) 1. Información sobre las actuaciones realizadas respecto a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de València el 13/12/2023, incluyendo:

  • Si ha sido tramitada, informada, trasladada o valorada internamente.
  • Si se consideró su inclusión en el Real Decreto-ley 8-2025 o en cualquier otra iniciativa normativa o legislativa del Gobierno.
  • Las razones documentadas para su no inclusión en el citado Real Decreto-ley u otras iniciativas.

2. Copia de cualquier informe, dictamen, documento o comunicación interna elaborada por el Ministerio o recibida por éste, en la que se analice, valore, desestime o proponga la inclusión -o no inclusión- de los “Gay Games València 2026” como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (…).

Respecto a la información solicitada en el primer apartado, el CTBG considera que no es información pública, afirmando lo siguiente:

«(…) Como este Consejo ha señalado en múltiples ocasiones, de esta configuración legal se deriva que no tengan cabida en la noción de información pública del artículo 13 LTAIBG aquellas solicitudes de información que pretenden obtener una justificación específica de las razones por las que se realizó una actuación y no otra (…)».

En mi opinión, se trata de una interpretación errónea. El artículo 13 de la LTAIBG contiene una definición muy amplia de información pública:

«Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

En primer lugar, se incluye tanto la información preexistente que ya está documentada, como la que no está documentada. En ningún momento se indica en dicho precepto que «las razones» por las que se realizó una actuación, y no otra, queden excluidas del concepto de información pública. Es muy importante distinguir, a estos efectos, entre las razones pasadas y las razones futuras. Me explico.

Respecto a las «razones pasadas», esto es, las referidas a hechos ya sucedidos, en mi opinión, se trata claramente de información pública, consten o no consten expresadas dichas razones en un documento prexistente, ya que, aunque no estén documentadas, está claro que las actuaciones pasadas se llevaron a cabo o no por algún motivo, puesto que, de lo contrario, dichas actuaciones siempre serían arbitrarias, lo que está prohibido por el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Por el contrario, en cuanto a las «razones futuras», es decir, las referidas a hechos futuros, todavía no sucedidos, sí que quedarían fueran del concepto de información pública porque todavía no existen o no son definitivas. Por ejemplo: se solicitan las razones por las que determinada institución pública no va a solicitar determinadas ayudas, no va a firmar un convenio de colaboración, no va a suscribir un manifiesto, etc.

Dicho esto, en cuanto a la información solicitada en el segundo apartado (copia de cualquier informe, dictamen, documento o comunicación interna elaborada por el Ministerio o recibida por éste, en la que se analice, valore, desestime o proponga la inclusión -o no inclusión- de los “Gay Games València 2026” como Acontecimiento de Excepcional Interés Público), el CTBG rechaza la reclamación indicando lo siguiente:

(…) el Ministerio no ha iniciado ningún procedimiento ni tomado decisión alguna en relación con la cuestión planteada en la solicitud, de modo que los documentos o informes internos que eventualmente existan, por definición, no han podido tener efectos sobre decisión alguna, por lo que conservan su naturaleza de información auxiliar a los efectos del artículo 18.1.b) LTAIBG, al menos, hasta que se realice algún acto relativo a su tramitación (…).

Esta conclusión es errónea porque el artículo 18 de la LTAIBG, que detalla las causas de inadmisión, no contiene ninguna referida a que la información tenga que obrar en un procedimiento ya iniciado o que haya tenido efectos sobre alguna decisión administrativa. La existencia de esos documentos o informes internos no es negada por la Administración, y aunque no se haya decidido incoar algún procedimiento, sí que han podido tener una influencia directa o indirecta en que la Administración se encuentre todavía en una dilatada fase de valoración, que no está recogida como tal en la LTAIBG como causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública.

La información es pública porque la tiene la Administración, aunque no forme parte de ningún procedimiento en tramitación o que no haya servido todavía para adoptar alguna decisión en un sentido u otro. No se puede vaciar de contenido el derecho de acceso a la información pública permitiendo la inadmisión de las solicitudes por causas ajenas a las tipificadas en el artículo 18 de la LTAIBG. Ni la Administración pública ni el CTBG pueden aplicar causas de inadmisión no previstas expresamente en la LTAIBG.

Alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

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En la página web de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda se ha publicado el trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (enlace)  para que la ciudadanía pueda presentar observaciones hasta el próximo día 2/3/2026, dirigiéndolas al siguiente correo electrónico:  produccionnormativa@hacienda.gob.es

  • MEDIDAS INSUFICIENTES

    El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública NO CONTEMPLA las medidas propuestas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Memoria de la Fiscalía General 2022, Ejercicio 2021, página 597, enlace), a saber:

    1. Necesidad de seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público.

    El Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que se encuentra en tramitación por el Gobierno, no aborda las principales medidas que son necesarias adoptar para facilitar el acceso rápido y efectivo a la información pública (Ver las alegaciones presentadas en este enlace). 

    • Una más rigurosa regulación de las llamadas “puertas giratorias” y de los lobbies.

    El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública no hace ninguna referencia a ambos temas.

    • El refuerzo de la meritocracia

    El Anteproyecto de Ley Orgánica no aborda este grave problema existente en todas las entidades públicas.

    Los principales puestos de control y de responsabilidad en todas las entidades públicas estatales, autonómicas y locales, que son quienes deben de adoptar medidas para prevenir y evitar la corrupción, se cubren por el sistema de libre designación, en lugar de por el concurso de méritos. La autoridad política coloca a personas afines al partido político de turno o a personas de confianza en esos puestos para que “miren para otro lado”. Esos puestos son los que tienen las mejores retribuciones. El funcionario no puede controlar a la autoridad política que le pone y le quita el sueldo libremente. De esta forma, se desactivan los controles previos.

    Los puestos de secretarios, interventores, coordinadores, gerentes, directores o jefes de servicios son elegidos libremente por los partidos que ganan las elecciones. No se aplica el concurso de méritos para elegir a los más preparados e independientes, que puedan elaborar informes de reparo o paralizar las actuaciones corruptas o fraudulentas desde los momentos iniciales.

    Al frente de los organismos, entidades o empresas públicas se puede colocar a personas que no tienen ningún mérito ni experiencia.

    Tampoco se limita el número de asesores de confianza que pueden nombrar las autoridades políticas sin necesidad tampoco de acreditar ninguna experiencia ni méritos, de manera que se crea una estructura de personal paralela, que desplaza y actúa al margen de los funcionarios de carrera independientes, que aprobaron sus oposiciones y que tienen méritos acreditados.

    Una vez “colonizada” una institución con nombramientos libres de directivos, asesores y funcionarios en puestos de responsabilidad, esa institución es capturada por los partidos políticos y deja de cumplir todo el entramado normativo existente que no sirve para nada.

    No se aborda la ineludible necesidad de regular la profesionalización de la función directiva pública para que al frente de los organismos, entidades o empresas públicas y en los puestos de mayor responsabilidad, puedan optar, mediante concurso de méritos, las personas con mayor experiencia profesional y las más preparadas.

    En el artículo 35.1 de la Ley Orgánica de Integridad Pública se indica que el Presidente de la Agencia Independiente de Integridad Pública será nombrado por un periodo de 6 años no renovable, “previo proceso selectivo de concurrencia competitiva”. No queda claro si será una valoración de méritos o una mera entrevista, ni el grado de valoración de cada fase.

    Se propone cambiar la redacción para introducir un sistema de selección más garantista: “previo concurso de méritos con arreglo a un baremo previamente aprobado y publicado”.

    • La generalización del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores públicos.

    El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública no se refiere en absoluto a las causas de abstención y recusación de las autoridades y funcionarios públicos para mejorar su deficiente regulación actual y evitar los conflictos de intereses, tan frecuentes en la práctica administrativa y que restan de objetividad a la actuación de las instituciones públicas.

    • La mejora de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales y de los sistemas de contratación pública.

    Estos mecanismos de control no se contemplan en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

    Por ejemplo, el Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, dispone lo siguiente:

    “los ciudadanos, las partes interesadas, organizadas o no, y otras personas y organismos que no tienen acceso a los procedimientos de recurso con arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo, en tanto que contribuyentes, en procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente, debe brindárseles la posibilidad, de un modo distinto al del sistema de recurso contemplado en la Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique necesariamente que se les conceda legitimación ante los órganos jurisdiccionales, de señalar posibles infracciones de la presente Directiva a la autoridad o la estructura competente“.

    Lamentablemente, ni la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ni el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad, han desarrollado esta legitimación de los ciudadanos para denunciar infracciones y, en su caso, ejercer acciones legales que dificulten la corrupción, tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos, como en la fase de ejecución y cumplimiento de los mismos, donde se producen muchos fraudes.

    La contratación pública no puede seguir siendo solo un coto cerrado entre una entidad pública y los licitadores. Es necesario reconocer una acción pública en el ámbito de la contratación.

    Ni la referida Ley de Contratos del Sector Público ni el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad pública, contemplan la publicación activa de estos otros documentos que son muy importantes:

    a) un informe-resumen final económico con detalle del precio de adjudicación y coste final del contrato, con sus respectivas modificaciones y revisiones de precios incluidas con el objeto de facilitar el control de las indeseables desviaciones económicas;

    b) los informes emitidos en el expediente de contratación por los servicios jurídicos (secretarios generales, abogacía, et.), técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.) y económicos (intervención), al menos, respecto a los contratos de mayor importancia económica respecto a cada entidad pública.

    c) las sanciones o penalidades impuestas por el órgano de contratación;

    d) el listado de facturas fiscalizadas y contabilizadas, al menos, las superiores a 5.000 euros -importe relativo a los contratos menores pagados con anticipos de caja fija excluidos de publicidad activa- , con detalle de su estado de cobro.

    • MEDIDAS INNECESARIAS

    El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que, en mi opinión, es innecesaria, porque solo podría actuar mientras no existiera una investigación judicial, y ese campo estaría mejor cubierto si se potenciara el número y la independencia de los servicios de intervención internos de las entidades públicas, quienes pueden actuar a tiempo, de forma preventiva, antes de que la corrupción y el fraude se produzca. La Agencia siempre intervendría cuando ya se ha producido, cuando ya es demasiado tarde.

    NO HACE FALTA CREAR INSTITUCIONES NUEVAS, sino reforzar las ya existentes y solucionar los problemas denunciados reiteradamente, que no aborda el referido Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, a saber:

    • Escasez de plantilla en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

    Por ejemplo, en Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 (páginas 567 y 571, enlace), se advierte lo siguiente en relación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada:

    “(…) Como vengo repitiendo cada año, la plantilla es, a todas luces, insuficiente (…) en el año 2024 la plantilla de la Fiscalía Especial estaba integrada por los siguientes efectivos (…) total 131 (…)”.

    Es evidente que 131 personas son muy pocas para luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada.

    • Inaceptables retrasos procesales en la lucha contra la corrupción

    En la referida Memoria de 2025 (páginas 590, 591 y 595, enlace), también se denuncian las inaceptables dilaciones procesales que se producen en la lucha contra la corrupción.  

    «La demora que sufren estos procedimientos durante su fase de investigación e instrucción es una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia, como ha advertido la Sala Segunda del TS en un buen número de sentencias (SS. 990/2013, de 30 de diciembre –caso Hacienda– y 277/2015, de 3 de junio –caso Cooperación– entre otras).

    Algunas de las razones que explican las dilaciones que se producen en estas causas se hallan en la multiparcialidad (de investigados, perjudicados y acciones populares), la conexidad, los aforamientos y otros privilegios procesales, el recurso a la cooperación internacional, la necesidad de elaborar complejas periciales económicas y, sobre todo, en un marco procesal inadecuado, en el que las estrategias dilatorias de los investigados encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado.

    Todo ello provoca consecuencias indeseables, entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito, la prescripción del delito, la casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, la exposición pública de los investigados, sometidos a frecuentes juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia y, sobre todo, la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente (…)

    En todo caso, lo cierto es que la celebración de estos juicios en relación con unos hechos prácticamente olvidados por todos los intervinientes en el proceso penal resulta extraordinariamente complicada, donde la práctica de la prueba se diluye o distorsiona, cuando no se hace impracticable, la atenuante de dilaciones indebidas, en ocasiones apreciada como muy cualificada, preside unas casi inevitables conformidades y el resultado del juicio, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio (…)

    Al margen de una imprescindible mejora en la dotación de medios a nuestros Tribunales, creo –y lo llevo manteniendo hace años, por ej. en la Memoria correspondiente a 2017– que una reforma que podría contribuir a mejorar la eficacia en la investigación y represión de la delincuencia económica organizada, relacionada o no con la corrupción, es la creación de órganos de instrucción y, sobre todo, de enjuiciamiento en materia económica (…).

    OBSERVACIÓN FINAL

    El Anteproyecto de Ley de Integridad Pública NO RECOGE NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA SOLICITADAS POR LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (Memoria de la Fiscalía General 2022, Ejercicio 2021, página 597, enlace), a saber:

    “(…) Sobre estas cuestiones, entre otras, vienen advirtiendo hace años distintos organismos e instituciones que recuerdan que sigue existiendo una amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica. En todo caso, el diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados. Solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección, como ya decíamos en la Memoria del año anterior (…)”.

    En cuanto al ámbito represivo, también se viene repitiendo en sucesivas Memorias que el Código Penal contiene un catálogo de delitos suficiente para hacer frente a delincuencia organizada, a la económica y, desde luego, a la corrupción y que las penas previstas son, en términos generales, adecuadas. Mencionamos un año más el delito de enriquecimiento ilícito, cuya tipificación se viene defendiendo en las Memorias de la Fiscalía Anticorrupción de 2017 a 2020. Toda vez que esta propuesta sigue sin merecer la atención de nuestro legislador venimos a reiterarla dando por reproducidos los razonamientos expuestos en pasadas Memorias (…).

    La falta de transparencia en la adjudicación de las viviendas de protección pública de Alicante y las medidas necesarias para recuperarlas

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    • Descripción de los hechos

    Prácticamente todos los medios de comunicación han denunciado la falta de transparencia en la adjudicación de 140 viviendas de protección pública en la ciudad de Alicante. Resulta que, entre los adjudicatarios de dichas viviendas, aparece la concejala de urbanismo, altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Algunas de las personas afectadas ya han dimitido.

    No obstante, a día de hoy, no se sabe si existen más beneficiarios ligados directa o indirectamente al Ayuntamiento de Alicante, ya que todavía no se ha publicado la lista de personas adjudicatarias de las viviendas, a pesar de las dimensiones que está alcanzando este escándalo.

    Sin entrar en la polémica sobre si las viviendas de protección pública pueden tener una urbanización con pistas de pádel, piscina y plazas de garaje sin límite de precio de venta, con unos elevados gastos de mantenimiento de la comunidad, y sobre si se pueden adjudicar a personas con ingresos superiores a 50.000 euros anuales y rebajar el límite de imposibilidad de venderla durante 30 o 15 años, según los casos, la ilegalidad más grave que se ha cometido, en mi opinión, es que no hubo ningún anuncio ni convocatoria pública al conjunto de la ciudadanía para que todo el mundo, en igualdad de condiciones, pudiera haber presentado sus solicitudes y haber tenido las mismas posibilidades de acceder a dichas viviendas que los afortunados beneficiarios. Y esta selección pública de los adjudicatarios no era voluntaria, sino obligatoria, como ahora vamos a ver.

    La cuestión no es únicamente que las personas adjudicatarias de las viviendas cumplan con todos los requisitos exigidos para ser beneficiarias de las mismas. Lo grave, además, es que solo unas pocas personas con información privilegiada se han beneficiado, sin que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido para seleccionar a los adjudicatarios de las viviendas con una convocatoria pública para que cualquier persona hubiera tenido la oportunidad de solicitarlas.

    En cuanto al cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios, se trata de una cuestión que tampoco está clara, a la vista de las noticias aparecidas en los medios de comunicación: beneficiarios con altos ingresos superiores a los permitidos; visitas de la policía local a las viviendas para comprobar la corrección de los empadronamientos; dos beneficiarios que habrían renunciado a las viviendas, y, al parecer, un funcionario autonómico ha sido ya expedientado por la alteración de los datos para adjudicar la vivienda a su esposa, quien también es empleada del Ayuntamiento de Alicante.

    La Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana deberá revisar los 140 visados de las viviendas para comprobar la veracidad de los datos presentados, descartar la ocultación o manipulación de los mismos y confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

    El escándalo está generando una gran indignación social porque, como es sabido, según el Barómetro de enero de 2026 del CIS, la dificultad para poder acceder a una vivienda se ha consolidado como el principal problema en España (42,6%).

    El alquiler y el precio de compra está por las nubes y resulta inalcanzable para la gran mayoría de las personas. En este caso concreto, según se indica en las noticias publicadas, estas viviendas han sido compradas por un importe oficial de 200.000 euros aproximadamente, cuando, en la zona donde se ubican, el precio medio de venta ronda los 400.000 euros.

    • Documentación municipal publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público

    Consultada la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (enlace), los hechos probados, que se desprenden de la tramitación administrativa, son los siguientes:

    a) El 22/3/2022, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó a una cooperativa, una vez celebrado un concurso público, una parcela municipal con destino a viviendas de protección pública, por un importe de 6 millones y medio de euros (enlace).

    b) El artículo 6.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (enlace) dispone lo siguiente:

    «Al pertenecer la parcela al Patrimonio Municipal del Suelo, las viviendas que en ella se construyan estarán sometidas al régimen de viviendas protegidas establecido en el Decreto del Consell 90/2009, de 26 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, y normativa relacionada, en especial al precio tasado para la primera y ulteriores transmisiones».

    c) La disposición adicional tercera del mencionado Decreto 90/2009, de 26 de junio, impone que la elección de adjudicatarios de viviendas protegidas, bien sea de promoción pública o de promoción privada, sea pública, lo que se ha incumplido manifiestamente en este caso:

    «En las promociones de viviendas de protección pública, realizadas tanto por la iniciativa pública como por la privada, sea con destino a venta como a arrendamiento, sobre suelo procedente de concursos públicos, será de obligado cumplimiento que el procedimiento de adjudicación se realice de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

    Los gerentes o secretarios de las empresas u organismos públicos que realicen la actuación, o hayan adjudicado el suelo mediante concurso público, certificarán ante los servicios territoriales competentes en materia de vivienda el cumplimiento de los mencionados principios«.

    No consta que el Secretario General del Ayuntamiento de Alicante haya emitido la referida certificación ante los servicios territoriales de Alicante de la actual Vicepresidenta primera y Consellería de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana.

    Si bien es cierto que la referida disposición adicional tercera del repetido Decreto 90/2009 fue derogada por el Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas (en vigor desde el 1/10/2021), esta modificación no tiene efectos retroactivos y no se puede aplicar a un proceso de licitación ya iniciado con fecha 5/9/2018 (fecha del anuncio de licitación) y a unos Pliegos de Condiciones ya publicados el 5/9/2018.  

    Si la licitación ya ha comenzado (el pliego se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público), rige la versión de la norma vigente en el momento de la aprobación y publicación del pliego de condiciones, en este caso, la disposición adicional tercera del Decreto 90/2009, salvo que la nueva norma establezca explícitamente su aplicación retroactiva a procedimientos en curso, lo que no hizo el posterior Decreto 106/2021.

    El Pliego de Condiciones es la “Ley del contrato”, y una vez publicado e iniciado el procedimiento de licitación, no puede alterarse para garantizar la igualdad de trato de los licitadores y no incurrir en fraude de Ley. El procedimiento debe regirse por las condiciones vigentes y publicadas en su convocatoria y pliego, en virtud del principio de seguridad jurídica, la buena fe y el respeto a las expectativas legítimas de los participantes.

    Al tiempo de publicarse el Pliego de Condiciones e iniciarse el procedimiento de licitación (5/9/2018), los licitadores que se presentaron y las personas que decidieron no hacerlo, sabían que estaba en vigor la disposición adicional tercera del Decreto 90/2009 a la que remite el artículo 6.4 del Pliego de Condiciones, y, por tanto, que tenían que adjudicar las viviendas de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

    No solo no es justo, sino que, además, es ilegal, permitir que el adjudicatario del contrato de compra-venta de la parcela municipal adjudique las viviendas incumpliendo los referidos principios de igualdad, publicidad y concurrencia, cuyo respeto imponía el mencionado artículo 6.4 del Pliego de Condiciones. Se consumó claramente a favor de una licitadora (la cooperativa adjudicataria) una ventaja o privilegio que no tuvieron los demás concursantes y otros posibles que no lo hicieron acaso por las dificultades o el escaso atractivo que entrañaba adjudicar las viviendas con igualdad, publicidad y concurrencia.

    La obligatoriedad de respetar las condiciones del Pliego es tal que el contrato de compraventa adjudicado por el Ayuntamiento con fecha 22/3/2022 (todavía no publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público) no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes que sean distintos de los previstos en los pliegos, según impone el artículo 35.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

    d) Por otra parte, en la referida Plataforma de Contratación del Sector Público, NO APARECE PUBLICADO NI EL CONTRATO NI EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Bajo el nombre de «pliego de prescripciones técnicas», se pincha en el enlace y se remite al «pliego de cláusulas administrativas», que ya está publicado con su nombre.

    Es urgente que el Ayuntamiento de Alicante publique en dicha Plataforma, tanto el contrato de compraventa, como el «pliego de prescripciones técnicas».

    e) En la «Memoria del Órgano Gestor» publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (enlace), se indicaba lo siguiente:

    «Desde el punto de vista social, esta enajenación producirá también otro efecto no menos beneficioso para la ciudadanía, como es la puesta en el mercado de un suelo en una ubicación óptima destinado a la construcción de viviendas sometidas a un régimen de protección pública».

    Está claro que la justificación de la enajenación de la parcela municipal era que «toda la ciudadanía», no solo unos pocos elegidos a dedo sin convocatoria pública, se beneficiaran de la venta de un suelo municipal destinado a viviendas de protección oficial.

    • Publicación de las personas beneficiarias de las viviendas en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana

    Dicho esto, respecto a la publicación de la lista de las personas beneficiarias de estas viviendas de protección pública, hay que denunciar que esa publicación es obligatoria y no consta que se haya cumplido hasta el momento.

    El artículo 14.3.b).3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, dispone lo siguiente:

    «Las convocatorias y la adjudicación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y el resultado de estas, sin que en ningún caso se puedan identificar a personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad».

    Es evidente que, en este caso, NO existen personas en situación de especial vulnerabilidad, ya que el límite de ingresos admitido ascendía a más de 50.000 euros anuales. La publicación de la identidad de los adjudicatarios debe limitarse al nombre y apellidos, sin ser necesario el DNI.

    • La recuperación de las viviendas para su posterior adjudicación con publicidad e igualdad de oportunidades

    Con independencia de las responsabilidades penales que se pudieran derivar de los hechos detallados (posible delito de prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude, etc.), lo importante es recuperar dichas viviendas para que puedan volver a ser adjudicadas, previa convocatoria y selección pública, y todas las personas interesadas que forman parte del conjunto de la ciudadanía puedan participar en igualdad de condiciones.

    En consecuencia, la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, además de publicar cuanto antes la relación de personas adjudicatarias de las viviendas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.3.b).3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, debe iniciar, de oficio, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 47.1.e) y 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento de revisión de los visados, es decir, de los actos administrativos que verifican el cumplimiento de los requisitos por los adjudicatarios de las viviendas.

    En dicho procedimiento de revisión de oficio de los visados debe obtenerse un informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Dichos visados son nulos de pleno derecho, bien porque, en algunos casos, no se cumplan los requisitos legales para ser beneficiario o se hayan falseado u ocultado datos, bien porque, en todos ellos, se ha omitido totalmente el procedimiento legalmente establecido al haberse adjudicado las viviendas a dedo, sin selección y convocatoria pública, con un grosero incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la disposición adicional tercera del Decreto del Consell 90/2009, de 26 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, al que expresamente remite el Pliego.

    El artículo 15.1 del Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat, en idénticos términos que hacía el anterior artículo 16 del repetido Decreto 90/2009, establece lo siguiente:

    “Es requisito indispensable para la elevación de un contrato de compraventa de vivienda de protección pública a escritura pública que se haya obtenido visado del citado contrato, reconociendo el cumplimiento de las condiciones para acceder a la propiedad”.

    • Reflexiones finales

    Este escándalo constituye un lamentable caso de corrupción en la adjudicación a dedo de viviendas de protección pública, sin convocatoria ni selección pública de los beneficiarios, hurtando al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de acceder a las mismas en condiciones de igualdad y transparencia.

    Parece mentira que, a pesar de las miles de personas que se encuentran en lista de espera cumpliendo los requisitos, y la escasez de viviendas de protección pública que existe, ni el Ayuntamiento de Alicante, ni la Conselleria de Vivienda controlaran que el procedimiento de adjudicación de las viviendas fuera público y que todas las personas necesitadas tuvieran las mismas oportunidades de acceso, a través de un baremo público con criterios de adjudicación.

    Las administraciones públicas implicadas están a tiempo de adoptar todas las medidas legales a su alcance para revisar sus injustas e ilegales decisiones. No hay excusa que valga. Está en juego la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en las mismas.